STAFF/ Marina Alejandra Martínez
Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó una iniciativa para sancionar directamente a presidentes municipales y autoridades estatales que recurran al envenenamiento individual o masivo de animales, conducta que ahora podrá derivar en penas de prisión.
La reforma fue avalada durante la sesión de este miércoles mediante una iniciativa con proyecto de decreto para modificar el artículo 56 de la Ley de Derechos, Bienestar y Protección de los Animales del Estado de Michoacán.
La propuesta fue elaborada por la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente e impulsada por el diputado Juan Antonio Magaña de la Mora, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
El legislador subrayó que la legislación vigente ya contemplaba sanciones contra ciudadanos que incurrieran en esta práctica, pero con la modificación también se establece una responsabilidad directa para las presidencias municipales.
“En Michoacán, si bien se han logrado avances importantes en materia de protección animal, persisten prácticas que resultan incompatibles con los principios de trato digno y humanitario establecidos en nuestra legislación. Una de las más graves es el envenenamiento de animales, el cual no solo constituye un acto de crueldad extrema, sino que además representa un riesgo para la salud pública, el equilibrio ambiental y la seguridad de las comunidades”, enfatizó.
Magaña de la Mora reconoció que en diversos municipios del Estado se han documentado casos donde esta práctica ha sido utilizada como supuesto mecanismo de control poblacional o en el marco de festividades y actividades comunitarias.
Como ejemplo mencionó a Paracho, Pátzcuaro y la comunidad de Janitzio, donde los envenenamientos han provocado indignación social y evidenciado la ausencia de protocolos éticos y humanitarios para el manejo de la fauna.
Asimismo, advirtió que el uso de sustancias tóxicas genera consecuencias que van más allá de la muerte de los animales, pues también representa riesgos para la fauna silvestre y para la población, especialmente menores de edad que pudieran entrar en contacto con estos agentes químicos.
“Habrá sanciones de cárcel porque se atenta contra los animales y constituye maltrato. Esta situación no estaba señalada y algunas personas aprovechaban que no se encontraba en la ley para realizar dichas prácticas, por eso debíamos aclararlo dentro de la legislación”, explicó.
El diputado indicó que a partir de esta reforma ya no podrá recurrirse al envenenamiento como método de control animal y quienes incurran en esta conducta serán castigados con prisión.
Añadió que las autoridades municipales deberán impulsar alternativas como campañas permanentes de esterilización.
Con la aprobación del decreto quedó estrictamente prohibido sacrificar animales no humanos mediante métodos violentos, envenenamiento con sustancias tóxicas, venenos o cualquier agente químico que les provoque agonía o sufrimiento, sin importar el motivo, incluyendo control poblacional, razones de salubridad, festividades, usos y costumbres, entre otros supuestos.
Colectivos animalistas han señalado que los municipios donde se registran más actos de crueldad por envenenamiento masivo son Paracho, Quiroga, Tzintzuntzan, Maravatío, Puruándiro, Tlalpujahua, Pátzcuaro, Indaparapeo, Huetamo y Apatzingán, entre otros, al acusar que numerosas autoridades recurren a estas prácticas para deshacerse de animales en situación de calle.
