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A más de una semana del asesinato del repartidor Roberto Hernández en Iztapalapa, la mujer señalada como responsable, Gaby «N», continúa prófuga, mientras que parte de su familia habría abandonado México conforme avanzan las investigaciones.
Los hechos ocurrieron la noche del 3 de enero, después de las 10 pm, cuando Roberto Hernández, de 52 años de edad, circulaba en su motocicleta por el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero. En ese punto fue impactado por un Honda City azul que, lejos de detenerse, continuó avanzando, arrastrándolo varios metros.
Posteriormente, se dio a conocer que la conductora, de 43 años, tendría formación profesional como enfermera y experiencia laboral en el sector salud. Testimonios retomados por el periodista Carlos Jimenez señalan que, tras el incidente, la mujer regresó alterada a su domicilio, tomó documentos personales y algunas pertenencias, y posteriormente abandonó el lugar, pidiendo a sus familiares que negaran su presencia a las autoridades.
Conforme avanzó la investigación, las autoridades detectaron que varios integrantes de su familia desaparecieron. Entre ellos se encuentra un hermano que presuntamente viajó a Estados Unidos, así como su pareja sentimental y su hija. Además, una prima que ya había sido entrevistada por autoridades capitalinas también abandonó su vivienda, lo que reforzó la línea de investigación sobre un posible intento por evitar que la conductora fuera localizada.
Estas acciones coincidieron con la emisión de una orden de aprehensión y con operativos de vigilancia en al menos cinco domicilios relacionados con la sospechosa, ubicados tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Hasta el momento, ninguno de estos despliegues ha permitido dar con su paradero.
Inicialmente, el caso fue abierto como homicidio culposo; sin embargo, con la nueva información recabada, la Fiscalía determinó reclasificar el delito como homicidio calificado, al considerar también la huida del lugar de los hechos, la omisión de auxilio y el arrastre prolongado del cuerpo de la víctima.
En caso de que se confirme su responsabilidad, las leyes de la Ciudad de México contemplan penas de hasta 50 años de prisión.
