STAFF/Felipe Trujillo-@_FelipeTrujillo / Sebastián López Mendoza – @sebaslmm
Una familia moreliana denunció públicamente presuntos actos de extorsión, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y humillación pública ocurridos el pasado domingo 7 de diciembre en la tienda ZARA, ubicada en Plaza Las Américas.
De acuerdo con la denuncia, alrededor de las 7:30 pm el joven César ingresó al establecimiento portando una prenda que, según la versión de la familia, había sido adquirida legítimamente días antes.
Al intentar salir de la tienda, se activó la alarma de seguridad y, pese a que el joven mostró comprobantes bancarios e historial de compra, el personal de seguridad, presuntamente bajo instrucciones de la gerencia, le impidió abandonar el lugar.
La representación legal de las víctimas señaló que el joven fue obligado a pagar por segunda ocasión la misma prenda, bajo la advertencia de que podría ser detenido y encarcelado.
Además, señalaron que se le forzó a firmar un comprobante con la leyenda “Pagado por robo”, lo que califican como un acto de coacción y humillación; aun después de realizar el segundo pago, la tienda no habría entregado ni la prenda ni el ticket correspondiente y mantuvo retenido al joven hasta el arribo de la Policía Municipal.
La situación se agravó con la llegada de la madre del joven, quien, según la denuncia, presentó videos que acreditaban que su hijo había salido de casa portando la prenda. A pesar de ello, madre e hijo fueron esposados, trasladándolos a prisión preventiva.
Los denunciantes afirman que fueron exhibidos públicamente al ser escoltados, esposados por pasillos del centro comercial, ante la mirada de decenas de personas, lo que habría provocado un grave daño moral y a su reputación.
Posteriormente, un juez cívico los sancionó por “alterar el orden público”, resolución que la familia considera injusta al tratarse, aseguran, de una reacción ante una retención indebida y una presunta extorsión.
Ante estos hechos, las víctimas exigen una disculpa pública por parte de ZARA y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal; la reparación integral del daño moral, psicológico y económico; sanciones a los responsables; y la modificación de los protocolos de la empresa para garantizar el respeto a los derechos humanos.
Asimismo, hicieron un llamado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que investigue el caso.
“No se trata del reembolso de una prenda, sino de la dignidad de una familia y del respeto a la libertad de las personas”, señalaron los denunciantes, quienes advirtieron que darán seguimiento legal al caso hasta que se finquen responsabilidades.
