STAFF/Marina Alejandra Martínez
Una comitiva de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) de Michoacán, se alista para viajar a la Ciudad de México y unirse a la movilización que se mantiene en el Senado de la República.
José Ramón Rocha González, juez Séptimo de Distrito, dio a conocer que, este lunes se llevó a cabo una reunión con diferentes empleados del PJF, para seguir con la resistencia ante la reforma judicial propuesta por la Presidencia de la República.
En dicho encuentro, se tomó la decisión de trasladar a la mayor cantidad de trabajadores posible a la Ciudad de México, con el fin de fortalecer el plantón que se mantiene en el Senado.
A pesar de ello, Rocha González, destacó que, no buscan bloquear el acceso de los legisladores y que, para garantizarlo, contarán con la presencia de un notario público que, certifique que, no habrá intento de boicot, durante la sesión en la que se discutirá la reforma judicial.
«Las puertas del Senado estarán abiertas e inclusive, se habrá de llevar notario público, para certificar que las puertas estén abiertas y en realidad, la finalidad de nuestra presencia, es cuidar que las puertas estén abiertas en el Senado y que, no estén cerradas por personas ajenas a nosotros y estar presentes, para que, nos vean, porque, mucho de lo que se ha dado, es que, se ha querido minimizar el movimiento, de que no hay gente suficiente», manifestó.
El juez también señaló que, uno de las acusaciones del Presidente de la República, hacia el Poder Judicial, ha sido la corrupción, afirmó que, estos casos son excepcionales y las personas implicadas, han sido removidas o procesadas penalmente.
De manera enfática, rechazó que el Poder Judicial esté integrado por «abogados privilegiados», y compartió que, en su caso, proviene de una familia muy humilde.
«Fui criado por una madre, inmigrante e indocumentada, y una abuela analfabeta, quien no sabía leer ni escribir, y ambos hermanos logramos formarnos en escuelas públicas», defendió.
La reforma judicial fue aprobada ya en las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado, con 25 votos a favor por parte de Morena y sus aliados, y 12 en contra por parte del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
