STAFF/@Marina Alejandra Martínez
Integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) acusaron al Movimiento del Sombrero, al Ayuntamiento de Uruapan y a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de pretender despojar de sus viviendas a habitantes de la colonia comunal Los Pilares y permitir un presunto desfalco que afectaría a cerca de 200 familias.
En conferencia de prensa, Jesús Camargo, vocero del FNLS, explicó que la colonia comunal Los Pilares se encuentra ubicada en el fraccionamiento C de la antigua ex hacienda Santa Catarina, en el municipio de Uruapan.
Precisó que 180 familias adquirieron terrenos mediante Misael Padilla Osornio, quien se ostenta como apoderado legal de la empresa inmobiliaria Galco Desarrollos S.A. de C.V.
De acuerdo con el representante del FNLS, Padilla Osornio entregó a los compradores una carta de posesión del terreno, documento que, según explicó, los acredita como propietarios.
Sin embargo, posteriormente el mismo individuo promovió su desalojo bajo el argumento de que se trata de propiedad privada.
Ante esta situación, los habitantes solicitaron la intervención de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, así como del Gobierno del Estado.
No obstante, señalaron que, en lugar de recibir apoyo, fueron enviados elementos de la Guardia Civil para desalojarlos, hecho que, aseguraron, provocó daños irreversibles a la salud de algunos habitantes, incluida la pérdida de ojos.
«Hoy en día, el Gobierno del Estado nos niega el derecho constitucional de petición de audiencia para buscar soluciones a este asunto, que es de orden social y jurídicamente, en todo caso, de lo civil. No obstante que, en apariencia, el Gobierno del Estado se mantiene ajeno, las instituciones encargadas de procurar justicia están empecinadas en conducirlo por la vía penal», afirmó.
Camargo indicó que el pasado 22 de julio intentaron desalojar nuevamente a los habitantes, pero los colonos se opusieron, situación que derivó en un conato de violencia.
Asimismo, los integrantes del FNLS señalaron que desde hace dos meses han solicitado una audiencia con la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, pero afirmaron que las peticiones se han quedado en promesas y hasta el momento no han sido recibidos.
Aseguraron que las 180 familias han aportado alrededor de 35 mil pesos cada una para adquirir el predio y construir sus viviendas, las cuales, denunciaron, fueron destruidas mediante maquinaria pesada enviada por las autoridades.
