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Casi un millón de registros de ciudadanos sinaloenses habrían quedado expuestos tras una presunta filtración de datos derivada de ciberataques atribuidos al colectivo Hackers$ Crew contra sistemas del Gobierno de Sinaloa y del Ayuntamiento de Culiacán.
La denuncia fue difundida el 22 de julio de 2026 por el periodista especializado en tecnología Ignacio Gómez Villaseñor, quien señaló que al menos cuatro plataformas gubernamentales fueron vulneradas en un periodo de tres días. Según la información, los datos comenzaron a circular en foros utilizados para el intercambio ilícito de información.
De momento, las autoridades no han presentado un análisis técnico que confirme el origen, fecha exacta o el alcance total de la presunta filtración.
La principal base de datos que habría estado comprometida corresponde a la Hacienda Municipal de Culiacán, que contenía 817 mil registros del padrón de contribuyentes físicos y morales, RFC, CURP, teléfonos, domicilios y referencias relacionadas con cuentas o convenios municipales.
También habría sido vulnerada la nómina del Ayuntamiento de Culiacán, con unos 20 mil registros de trabajadores que contendrían datos sobre salarios, bonos y, presuntamente, información bancaria. A ello se suman 84 mil 200 registros del sistema de Avalúos y Catastro de Sinaloa, con datos de propietarios y peritos valuadores, además de 45 mil 443 expedientes de docentes y personal administrativo de la SEPyC, que incluirían información personal, laboral y académica.
El Ayuntamiento de Culiacán negó contar con evidencias de un ataque a sus sistemas. Días antes, la alcaldesa interina, Ana Miriam Ramos Villarreal, también había rechazado un presunto ciberataque al portal municipal de Salud, luego de que la regidora del PRI, Erika Sánchez Martínez, denunciara la posible exposición de más de cuatro mil expedientes médicos. Durante sesión de Cabildo, la regidora criticó la respuesta del gobierno municipal y aseguró que minimizar la situación impedía tomar medidas oportunas para proteger la información de los ciudadanos.
De confirmarse la filtración, especialistas advierten que la combinación de datos fiscales, patrimoniales, laborales y bancarios podría facilitar delitos como suplantación de identidad, fraudes financieros y extorsiones. La legislación mexicana establece que, cuando una vulneración pone en riesgo los derechos de las personas, las instituciones responsables deben informar inmediatamente a los afectados y detallar qué información fue comprometida, así como las medidas de protección disponibles.
Mientras no exista una revisión técnica independiente, el número real de personas afectadas, el alcance de la filtración y la responsabilidad del grupo que se atribuyó los ataques continúan sin confirmación oficial. Entre tanto, autoridades y especialistas recomiendan a la población evitar compartir datos personales por medios no verificados, revisar movimientos bancarios y conservar comprobantes de trámites como medida preventiva.
