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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este miércoles la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con el objetivo de homologar la investigación de este delito en todo el país y garantizar que no exista impunidad.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria señaló que la propuesta busca que todas las fiscalías estatales actúen bajo los mismos criterios al investigar los casos de feminicidio.
Sheinbaum recordó que uno de los compromisos de su administración es fortalecer la protección de los derechos de las mujeres y garantizarles una vida libre de violencia.
«El peor delito de violencia contra las mujeres es el feminicidio. Tenemos que garantizar la prevención y, al mismo tiempo, la cero impunidad frente a este delito», expresó.
La presidenta reconoció que aún existen casos en los que las muertes de mujeres son clasificadas como suicidios, pese a que existen indicios de violencia, lo que retrasa o impide el acceso a la justicia.
Por ello, explicó que la nueva legislación busca establecer mecanismos para evitar que estos casos sean mal clasificados y asegurar investigaciones con perspectiva de género en todo el país.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, informó que la iniciativa será enviada al Congreso de la Unión para su discusión y eventual aprobación.
Entre los principales cambios, la propuesta homologa el tipo penal de feminicidio en las 32 entidades federativas y establece que comete este delito quien prive de la vida a una mujer por razones de género.
Asimismo, contempla una pena de 50 a 70 años de prisión y prevé 19 agravantes que permitirán incrementar la sanción en casos específicos, como cuando la víctima sea menor de edad, adulta mayor, esté embarazada, viva con discapacidad, sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante, entre otros.
La iniciativa también plantea sanciones adicionales como la pérdida de la patria potestad, la tutela, la guarda y custodia, así como los derechos sucesorios. En el caso de servidores públicos responsables, contempla su destitución e inhabilitación.
Por su parte, la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorges Beltrán, explicó que la ley establece la homologación de protocolos especializados de investigación con perspectiva de género, debida diligencia y coordinación entre autoridades.
Además, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar, destacó que la iniciativa fortalece los derechos de las víctimas directas e indirectas, al garantizar atención médica y psicológica, acceso a la justicia y mecanismos de reparación integral del daño.
