STAFF/Marina Alejandra Martínez
La presidenta municipal de Chilchota, Alejandra Ortiz, aseguró que no existe evidencia que compruebe los presuntos vínculos de elementos de la Policía Municipal con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al sostener que las acusaciones nunca fueron demostradas y que únicamente se trataron de rumores.
«No, en realidad no hay evidencia y no se les demostró nada, nada más fueron rumores. De hecho, hemos tenido muy buena comunicación con uno de los jefes y el otro es uno de los que está un poquito más renuente, pero, hemos tenido comunicación», defendió
La alcaldesa emitió estas declaraciones durante una entrevista en la sede legislativa, donde fue cuestionada sobre diversos hechos de violencia registrados recientemente en su municipio.
Los señalamientos surgieron luego de que comunidades indígenas de la Cañada de los Once Pueblos incendiaran varios vehículos y provocaran destrozos en la Presidencia Municipal en respaldo a habitantes de Acachuén, tras el ataque armado ocurrido el pasado 6 de mayo, presuntamente perpetrado por el CJNG y bajo la supuesta complicidad de la propia Policía Municipal.
Ortiz informó que el municipio cuenta con 36 elementos de la Policía Municipal, sin embargo, reconoció que ninguno cuenta con el Certificado de Control y Confianza, al argumentar que actualmente se encuentran en proceso de capacitación.
Al ser cuestionada directamente sobre si confía en que sus policías estén libres de cualquier vínculo con la delincuencia organizada, respondió únicamente que quiere pensar que sí, sin abundar en el tema.
La presidenta municipal aseguró que, derivado de estos señalamientos, sí hubo una depuración de elementos, ya que algunos fueron despedidos, aunque dijo desconocer cuántos causaron baja.
Asimismo, sostuvo que otros policías renunciaron por decisión propia debido a que, en las comunidades indígenas, «son de armas tomar», y aseguró que, tras la toma de carreteras, la quema de vehículos y los daños ocasionados en la Presidencia Municipal, decidieron presentar su baja voluntariamente.
Respecto a los daños ocasionados al inmueble municipal, minimizó los hechos al señalar que únicamente fueron rotos algunos cristales, cuya reparación tuvo un costo de 11 mil pesos.
La alcaldesa afirmó que nunca ha recibido amenazas de los distintos cárteles de la droga que operan en la región ni tampoco le han solicitado el pago de cuotas.
Indicó que mantiene una estrecha coordinación con los gobiernos estatal y federal y reveló que, después de los hechos violentos, incluso viajó a la Ciudad de México para solicitar apoyo.
Rechazó que los gobiernos estatal o federal hayan condicionado la entrega de recursos públicos para Chilchotasin embargo, reconoció que tampoco ha recibido el respaldo que esperaba.
