STAFF/ Abril Reséndiz – @Abril_Yousaf
La comunidad otomí de San Matías El Grande, acompañada por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), presentó este lunes una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al denunciar la presunta contaminación generada por la geotermoeléctrica Los Azufres, la cual, aseguran, ha afectado el agua, el suelo y el aire de comunidades del oriente del estado.
La queja fue presentada por la presunta violación al derecho humano a un medio ambiente sano, establecido en el artículo cuarto de la Constitución, además de diversos tratados internacionales, al señalar que la paraestatal mantiene infraestructura que, afirman, incumple con normas ambientales.
De acuerdo con el documento entregado por la comunidad, la CFE opera 33 presas de enfriamiento, de las cuales 18 cuentan con recubrimiento de concreto, tres con geomembrana y 12 no tienen ningún tipo de recubrimiento, situación que, señalaron, representa un riesgo para los acuíferos y el medio ambiente.
“En 44 años que lleva operando la geotermoeléctrica, la CFE no ha sido capaz de recubrir adecuadamente sus estanques que mantienen fluidos altamente tóxicos y se encuentran expuestos a la intemperie, interfiriendo negativamente con los acuíferos y el medio ambiente”, expresó Pavel Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán.
Asimismo, los representantes indígenas informaron que anexaron como prueba un estudio elaborado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el cual señala que los manantiales de Ciudad Hidalgo y Zitácuaro presentan una toxicidad de entre 35 y 50 por ciento por la presencia de metales pesados. Además, refiere que 32.79 por ciento de los niños de entre 10 y 12 años evaluados en San Matías El Grande presentan los primeros indicios de enfermedad renal.
La consejera de Salud de la comunidad, Alejandra Martínez García, lamentó que las mesas de trabajo sostenidas con autoridades estatales y federales no hayan dado resultados concretos, por lo que decidieron acudir a la CNDH para buscar una solución.
“No vemos ningún avance. Son mesas de trabajo donde solo son compromisos que quedan inconclusos… no vamos a parar porque ya no queremos más defunciones en nuestras comunidades”, manifestó.
La representante informó que recientemente se realizaron estudios médicos a 150 estudiantes de una telesecundaria de San Matías El Grande y que esperan los resultados, luego de que en un muestreo anterior realizado a 61 alumnos, aproximadamente la mitad presentara alguna alteración que requiere seguimiento para descartar enfermedad renal.
Por su parte, Roque Martínez Hernández, representante de la comunidad, aclaró que la exigencia no es el cierre de la geotermoeléctrica, sino que las autoridades revisen el cumplimiento de las normas ambientales y reparen los daños ocasionados.
“No pedimos que se mueva la planta ni que se quite, pero sí que se revise conforme a las normas medioambientales y que haya reparación del daño a nuestras comunidades y a todos los enfermos”, concluyó.
