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El nombre de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, hijo del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, volvió a quedar bajo escrutinio en Estados Unidos luego de que, según un reporte de The New York Times, dos agencias de seguridad de ese país examinan señalamientos que lo relacionan presuntamente con el crimen organizado y el contrabando de combustible.
El diario estadounidense precisó, con base en cinco personas con conocimiento directo de las indagatorias, que las agencias no han abierto investigaciones formales sobre el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato debido a que se trata de asuntos internos.
El reporte, firmado por Paulina Villegas, Emiliano Rodríguez Mega, Jack Nicas y Steve Fisher, también señala que López Beltrán habría buscado contacto con autoridades estadounidenses mediante intermediarios en varias ocasiones durante este año. Sin embargo, tres personas familiarizadas con esas gestiones dijeron al diario que tampoco se han producido conversaciones formales entre ambas partes.
De acuerdo con The New York Times, investigaciones periodísticas y documentos filtrados han relacionado a personas cercanas a López Beltrán, entre ellas el empresario Jorge Amílcar Olán, con contratos gubernamentales de alto valor. El diario también reportó que documentos de la Fiscalía General de la República contienen referencias que sugieren una posible participación de López Beltrán en una trama de contrabando de combustible.
Sobre este último señalamiento, Times citó expedientes federales en los que un testigo colaborador declaró que el aseguramiento de diésel de contrabando habría derivado de un enfrentamiento político entre el principal responsable de seguridad de México y “el hijo del presidente”. Abogados de marinos procesados por ese caso dijeron a medios mexicanos que esa referencia correspondía a López Beltrán. El hijo del exmandatario no respondió a las solicitudes de comentarios del diario.
El reporte también coloca el caso dentro del escenario que enfrenta la presidenta Claudia Sheinbaum, ante la presión de Washington para que México actúe contra funcionarios señalados por presunta corrupción o vínculos con grupos criminales. The New York Times destaca que López Beltrán no ha sido acusado formalmente de ningún delito, aunque ha sido señalado públicamente por presuntos actos de corrupción.
El diario recuerda otros casos que involucran a figuras de Morena. Entre ellos menciona al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador morenista Enrique Inzunza, a quienes fiscales estadounidenses han señalado de participar presuntamente en una estructura para proteger y ayudar al Cártel de Sinaloa y de quienes solicitaron su detención con fines de extradición.
También refiere el caso de Adán Augusto López Hernández, quien durante su gestión como gobernador de Tabasco nombró a un jefe de seguridad posteriormente detenido y acusado de encabezar una organización criminal dedicada al narcotráfico, secuestro y extorsión. El propio López Hernández no ha sido acusado de ningún delito, precisa el medio.
Según el análisis citado por The New York Times, la situación representa un desafío político para Sheinbaum, quien ha apartado a algunas figuras cuestionadas de su partido sin provocar una ruptura interna. La analista Vanessa Romero consideró que la falta de una ruptura pública con personajes señalados, entre ellos Andy López Beltrán, podría afectar la credibilidad de la mandataria.
Por su parte, la analista política Viri Ríos planteó que mantener a López Beltrán dentro del movimiento también podría responder a una consideración política: “El señor López Beltrán representa inevitablemente al señor López Obrador”, afirmó, y agregó que “la mayor fuerza movilizadora de votos en este país es López Obrador”.
El reportaje también recoge la postura de simpatizantes de Sheinbaum, quienes señalan que su administración ha actuado contra funcionarios acusados de corrupción o de facilitar operaciones de grupos criminales. De acuerdo con el diario, más de 100 funcionarios han sido detenidos durante su gestión, incluidos alcaldes, policías municipales y políticos regionales.
