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El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que existe plena libertad para que el Consejo Comunal de Arantepacua se manifieste durante día, en el marco de sus exigencias de justicia por los hechos ocurridos en 2017.
Durante la mañanera de este lunes y previo a las acciones que están realizando los comuneros en la capital michoacana, Ramírez Bedolla señaló que estaban al tanto de la ruta de la manifestación y que estaban en su derecho.
“Hoy se van a movilizar, van a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial, y se van a manifestar, hay una libertad de manifestación, esa siempre está abierta, hay diálogo permanente con ellos”, expresó.
La manifestación comenzó entre las 10:30 y 11 am enfrente de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde comenzaron a arrojar piedras la interior del recinto que se encontraba cerrado, posterior a ello, tomaron un vehículo repartidor de agua y lo quemaron en la cercanía.
A su vez, continuaron su recorrido sobre el libramiento, y frente a un anuncio de gobierno del estado, con publicidad del teleférico de Morelia y quemaron un camión repartidor de la empresa Jumex.
Más tarde se trasladaron a la zona de Tres Puentes donde comenzaron con más agresiones en su paso por presuntamente arribar al Centro de Morelia.
Lo que ha provocado que rutas de camiones urbanos de la zona de Villas del Pedregal cancelen de momento, sus corridas hacia el centro de Morelia, generando pánico entre la población.
Pues también secuestraron un par de patrullas de la Guardia Civil, en la misma zona, así como la quema de algunos vehículos incluido un vehículo repartidor de la empresa DHL.
Bedolla por su parte, en la mañananera reiteró que su administración mantiene canales de comunicación con la comunidad indígena, al tiempo que reconoció la legitimidad de sus demandas, particularmente en lo relacionado con el acceso a la justicia. Sin tener conocimiento de todo lo que está aconteciendo en la ciudad en este momento.
Contexto de lo ocurrido en Arantepacua el 5 de abril del 2017.
Ese día, un operativo de seguridad en la comunidad purépecha de Arantepacua derivó en un enfrentamiento que dejó un saldo de civiles fallecidos y decenas de personas detenidas, en un episodio que fue señalado por organismos de derechos humanos como un uso excesivo de la fuerza.
Desde entonces, la comunidad ha mantenido una lucha constante para exigir justicia, reparación del daño y castigo a los responsables, lo que ha derivado en procesos legales que, tras varios años, comienzan a registrar avances con la emisión de órdenes judiciales.
En este sentido, la protesta se da en el marco de que se giraran órdenes de aprehensión en contra de quién fungía como gobernador en ese momento, el ex mandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo y además otros 14 exfuncionarios, señalados por su presunta responsabilidad en los hechos registrados el 5 de abril de 2017. Incluido el exsecretario de seguridad, Juan Bernardo Corona.
