STAFF/ Marina Alejandra Martínez
El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE), Rogelio Andrade Vargas, rechazó que el Congreso del Estado pueda funcionar con una plantilla de 400 trabajadores y planteó como alternativa la reducción de asesores de los diputados para generar ahorros.
Desde su perspectiva, el recorte presupuestal debería centrarse en la estructura de asesoría que acompaña a los integrantes de la 76 Legislatura, al señalar que anteriormente los legisladores cubrían estos gastos con recursos propios, pero posteriormente fueron integrados al presupuesto público del Congreso michoacano.
El dirigente sindical afirmó que la nómina del personal sindicalizado no supera los 250 millones de pesos anuales, incluyendo gastos indirectos como el pago al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Dirección de Pensiones y otros compromisos.
En ese sentido, sostuvo que el problema financiero del Poder Legislativo no radica en el personal de base, sino en el gasto que generan los propios diputados.
Incluso, aseguró que cada legislador, además de su dieta, dispone de más de medio millón de pesos, por lo que en conjunto los 40 diputados perciben más recursos que los trabajadores sindicalizados en un año.
Como referencia, mencionó que empleados de nivel 4 reciben alrededor de 18 mil pesos mensuales.
Asimismo, reconoció que existen cerca de 150 trabajadores en espera de obtener una base laboral.
Las declaraciones se dieron luego de que el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García, advirtiera que el denominado Plan B de la Reforma Electoral, con una reducción presupuestal del 0.70 por ciento, impactaría directamente en la plantilla laboral.
Ante ello, Andrade Vargas calificó el escenario como preocupante, consideró que debe analizarse a fondo y acusó a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, de precipitar este tipo de propuestas, al tiempo que reiteró la inviabilidad de operar con una plantilla reducida.
«Es imposible, porque se han ido generando oficinas y compromisos a través de los distintos ordenamientos que se han aprobado a lo largo de los años, como la creación de figuras dentro del propio Poder Legislativo que hacen inviable que esto suceda, y tendrían que reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley General de Archivos», señaló.
Por lo anterior, concluyó que cualquier ajuste requeriría modificar diversas áreas del Congreso del Estado.
