STAFF/ Marina Alejandra Martínez
La propuesta de Reforma Electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, conocida como “Plan B”, incluye como puntos centrales la revocación de mandato, una política de austeridad que impacta al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los organismos públicos locales electorales (OPLES), así como ajustes presupuestales en congresos locales y una reducción gradual del gasto en el Senado de la República.
El documento plantea que el Senado deberá disminuir sus erogaciones de manera progresiva hasta alcanzar una reducción del 15 por ciento, mientras que los congresos estatales tendrán un límite presupuestal equivalente al 0.70 por ciento del total de egresos de cada entidad federativa.
Asimismo, se establece que el Instituto Nacional Electoral (INE) y los OPLES no podrán otorgar bonos ni seguros de gastos médicos mayores, además de que se elimina la posibilidad de ingresos adicionales y se fija como tope salarial que ningún funcionario gane más que la o el titular del Poder Ejecutivo federal.
En el ámbito municipal, la iniciativa propone una reconfiguración de los ayuntamientos, contemplando únicamente una sindicatura y un rango de entre siete y 15 regidurías como máximo.
Uno de los pilares de la reforma es la modificación al mecanismo de revocación de mandato, mediante el cual la persona titular del Ejecutivo federal podría someterse a este ejercicio democrático tras tres o cuatro años de gobierno, realizándose el proceso el primer domingo de junio del año correspondiente.
Lo anterior surge después de que la propuesta inicial de Reforma Electoral fuera desechada, tras recibir críticas tanto de aliados como de fuerzas opositoras, quienes advirtieron que implicaba un riesgo para la permanencia de partidos distintos a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
El documento enviado por la titular del Ejecutivo federal sostiene que se busca “acabar con los privilegios, la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos públicos, así como su deficiente e ineficaz administración, han sido un lastre que ha afectado negativamente la correcta administración pública en todos los órdenes de gobierno y el cumplimiento de sus objetivos institucionales, en detrimento de la población nacional, particularmente antes de 2018”.
