STAFF/ Marina Alejandra Martínez
El dirigente del Partido de la Revolución Democrática Michoacán (PRDM), Octavio Ocampo Córdova, anunció que impulsará la llamada Ley Ángeles, una propuesta para reformar la legislación estatal y garantizar que el Estado y municipios asuman la reparación del daño a las víctimas cuando un servidor público cometa un delito.
El también diputado local señaló que la iniciativa busca modificar la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y sus Municipios, a fin de que cuando un funcionario incurra en un delito de gravedad, el gobierno estatal o los ayuntamientos respondan por las consecuencias y otorguen indemnizaciones a los familiares de las víctimas.
Ocampo Córdova sostuvo que actualmente la legislación no establece de forma clara la obligación de los gobiernos municipales o del propio Estado para reparar el daño en casos donde servidores públicos son responsables de delitos graves, por lo que se pretende subsanar ese vacío legal.
La propuesta surgió a raíz del caso de María de los Ángeles Esquivel Miranda, quien fue asesinada por un elemento de la Policía Municipal de Zitácuaro que, con el aval de sus superiores, logró darse a la fuga.
“Lamentablemente falleció hace tres meses en manos de la policía de Zitácuaro, hubo inacción por parte de las autoridades municipales y estatales relativa a la detención de esta persona, que tuvo que haber sido detenida desde ese momento que le quitó la vida a Ángeles, pero sus superiores no lo detuvieron”, señaló.
El dirigente del instituto Sol Azteca explicó que la víctima dejó en la orfandad a una menor de edad que requerirá recursos económicos para continuar con sus estudios y salir adelante.
Asimismo, lamentó que, a tres meses de ocurridos los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) no haya reportado avances sustanciales en la investigación, mientras el presunto agresor continúa prófugo de la justicia.
Incluso criticó que el abogado victimal que atendía el caso prácticamente abandonó el acompañamiento legal, situación que dejó nuevamente en el desamparo a la familia de la víctima.
“Para mí es un crimen de Estado, porque fue un elemento de la policía municipal que es parte del gobierno. Nadie, por tener un cargo y portar un arma de fuego, puede tener este exceso de fuerza para detener a una persona”, manifestó.
Finalmente, afirmó que la iniciativa será presentada como una propuesta integral orientada a proteger a los michoacanos frente a abusos cometidos por servidores públicos.
