STAFF/ Marina Alejandra Martínez
El Congreso del Estado de Michoacán analizará la creación de un Registro Estatal de Agresores de Animales, orientado a robustecer los mecanismos de prevención y control institucional, ante la relación directa entre crueldad animal y otras expresiones de violencia.
La propuesta establece que quienes sean inscritos en dicho registro no podrán adoptar animales durante el tiempo que dure su inscripción, ni desempeñar actividades comerciales vinculadas con animales, tampoco obtener licencias o permisos para criaderos o establecimientos de resguardo.
Se contempla que el registro sea público en su versión general, incluyendo nombre y tipo de delito, mientras que los datos sensibles permanecerán reservados conforme a la legislación en materia de protección de datos personales.
La iniciativa busca prevenir la reincidencia, generar información estadística confiable e impedir que personas sentenciadas puedan desarrollar actividades que impliquen manejo o custodia de animales, fortaleciendo así la política pública de protección y bienestar animal en la entidad.
“La creación del Registro Estatal de Agresores de Animales responde a la necesidad de fortalecer las herramientas de prevención y control institucional. Este registro no tiene como finalidad generar estigmatización, sino establecer un instrumento administrativo que permita concentrar información derivada exclusivamente de sentencias firmes por delitos de maltrato o crueldad animal”, refiere la propuesta.
El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova, impulsa la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar disposiciones a la Ley de los Derechos, Bienestar y Protección de los Animales en el Estado de Michoacán, al Código Penal del Estado y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El legislador argumenta que, aunque el maltrato animal ya está tipificado como delito en el Código Penal, no existe un mecanismo institucional que dé seguimiento a las personas sentenciadas, lo que limita la capacidad del Estado para prevenir la reincidencia y diseñar políticas públicas con base en información sistematizada.
Advirtió que la violencia contra los animales es una problemática real y creciente en Michoacán, no se trata de conductas aisladas, sino de hechos que impactan en la convivencia social, la seguridad pública y el tejido comunitario.
