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El exfiscal regional de Michoacán, Francisco Herrera Franco, es acusado de tener vínculos con grupos del crimen organizado y pese a ello estará en las boletas dentro de en la próxima elección judicial.
Haciéndole justicia a su apodo, el «fiscal del terror» es acusado de estar presuntamente relacionado con el asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares y además fue parte de la administración del exgobenador Silvano Aureoles Conejo -quien actualmente tiene una orden de aprehensión y una ficha roja emitida por la Interpol en su contra-.
Según el listado definitivo de candidaturas aprobado por el Instituto Electoral de Michoacán (INE), el pasado 21 de marzo, el exfiscal fue postulado para ocupar un cargo como juez federal en materia penal.
En mayo de 2022, fue destituido de su cargo en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán tras la filtración de unos audios donde se le escuchaba pactando con un líder criminal, dejando este y más señalamientos en su contra sin resolver.
A la lista de denuncias en su contra también se suma la del empresario Jesús Ricardo Cordero Ontiveros, quien en septiembre de 2019 denunció al exfiscal por supuestamente fabricarle una “acusación legal” en su contra, así como también de extorsionar a comunidades para obligarlas a trabajar con el crimen.
Con total cinismo, a través de la plataforma «Conóceles» del INE en la que ciudadanos pueden conocer los perfiles de los candidatos al proceso de la elección, Herrera Franco asegura que una de sus propuestas es trabajar en contra de “la impunidad y la corrupción (que) han sido problemas determinantes para un distanciamiento entre los ciudadanos y los jueces”.
Diversas organizaciones que están vigilando la elección judicial como «Defensorxs» han detectado perfiles de candidatos con irregularidades, que podrían estar relacionados a actividades con la delincuencia organizada, como es el caso de Francisco y otros 4 candidatos que ya fueron denunciados.
Mediante cuatro grupos y un total de 700 personas monitorean, revisan e identifican puntos de riesgo en la elección judicial.
Una vez que reciben la denuncia, el equipo de litigio estratégico de la organización realiza la investigación que puede ser usada para presentar quejas o denuncias formales ante las autoridades competentes.
