STAFF/@michangoonga
Colectivos de búsqueda expresaron su indignación tras una visita al Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, al considerar que el lugar había sido alterado por las autoridades ministeriales.
Durante el recorrido, las madres buscadoras denunciaron que el predio fue «pintado, arreglado y barrido», lo que interpretaron como una estrategia para ocultar evidencias y convertir el sitio en un «museo» que minimiza el horro vivido allí.
Las autoridades locales limitaron el acceso al rancho, permitiendo únicamente un recorrido superficial por un pasillo predeterminado, sin posibilidad de realizar una búsqueda exhaustiva. Esta restricción fue percibida como una burla por las familias, quienes esperaban encontrar pistas sobre sus seres queridos desaparecidos.
«No se nos dio permiso de ver evidencias ni se nos dio información clara sobre el proceso de investigación», expresó una de las buscadoras.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado omisiones en las investigaciones realizadas por las autoridades de Jalisco. Según el fiscal Alejandro Gertz Manero, durante las intervenciones efectuadas en septiembre y octubre en 2024, no se realizó un rastreo adecuado de indicios ni se protegió el inmueble, que quedó en estado de abandono sin resguardo ministerial. Además, no se identificaron ni registraron correctamente las prendas y objetos hallados en el lugar, lo que podría haber facilitado la identificación de víctimas.
La falta de investigaciones y ausencia de análisis físicos y químicos para determinar el uso de las instalaciones como posibles crematorios han generado preocupación entre los colectivos de búsqueda. La FGR también destacó que no se investigaron posibles vínculos entre autoridades locales y grupos delictivos que operan en la región, a pesar de declaraciones que apuntaban en esa dirección.
