STAFF/@Marina Alejandra Martínez
La nulidad de elecciones cuando un candidato a un cargo de elección popular sea asesinado forma parte de la propuesta de reforma electoral que impulsa el Congreso del Estado, la cual contempla modificaciones a 61 artículos y diversas incorporaciones al Código Electoral de Michoacán, ordenamiento que no ha sido actualizado desde 2014.
Así lo dio a conocer la diputada Diana Mariel Espinoza Mercado, presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana de la 76 Legislatura, durante una conferencia de prensa encabezada junto con el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García.
La legisladora explicó que la reforma electoral Michoacán 2026 busca armonizar y fortalecer el marco jurídico rumbo al proceso electoral de 2027, con medidas enfocadas en combatir la violencia política de género y la violencia digital, además de garantizar la participación de grupos vulnerables, la justicia electoral y la paridad.
En materia de seguridad y legalidad electoral, se prevén nuevas causales y responsabilidades, entre ellas la nulidad de casillas cuando exista intervención de grupos criminales o violencia durante la jornada electoral.
También se plantea ampliar el catálogo de responsabilidades e infracciones, regular faltas cometidas por candidaturas judiciales y mantener la carta de antecedentes no penales.
Espinoza Mercado reconoció que todavía no se concretan por completo las modificaciones relacionadas con la anulación de elecciones en caso del asesinato de un candidato en algún municipio, sin embargo, señaló que el tema continúa en discusión entre las diferentes fuerzas políticas.
“Nuestro deber es garantizar un proceso electoral limpio, participativo y apegado, sobre todo, a la legalidad, para así mismo fortalecer la confianza de la población michoacana en nuestras instituciones”, manifestó.
En el apartado de paridad y combate a la violencia, la propuesta contempla negar registros a candidaturas con antecedentes de violencia política de género, violencia vicaria y deudores alimentarios, además de incorporar la denominada “8 de 8 contra la corrupción” y fortalecer la paridad de género.
