STAFF/@Marina Alejandra Martínez
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través de su dirigente estatal Guillermo Valencia Reyes, acusó directamente al gobierno estatal y a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de financiar y operar políticamente el conflicto en Arantepacua.
Durante su conferencia semanal, el líder priista sostuvo que las recientes exigencias de la comunidad indígena —que demandan la detención del exgobernador Silvano Aureoles Conejo— responden a intereses políticos impulsados desde el poder.
Indicó que Morena ha recurrido a distintos grupos sociales para generar presión y desviar la atención de la crisis de inseguridad.
Aseguró que tanto normalistas como comunidades indígenas han sido utilizados como herramientas políticas, lo que ha derivado en conflictos sociales y procesos judiciales.
“El gobierno del Estado y Morena están detrás de los de Arantepacua y también los financian. Lo hacen también con los normalistas y con varias comunidades de autogobierno, a las que estimulan con una lanita para acceder a recursos no auditables, en la opacidad, que se gastan incluso en fiestas y no en el desarrollo de las comunidades indígenas”, acusó.
Valencia Reyes también advirtió que los autogobiernos representan un riesgo para la gobernabilidad futura, al fomentar desorden institucional.
En ese sentido, criticó la reacción inmediata del gobierno ante protestas menores, lo que —dijo— evidencia complicidad.
“Sacaron raja política, incluso financiaron sus actividades. Ahora basta con que quemen una llanta afuera de Casa de Gobierno para que llegue el secretario de Gobierno, quien impulsa estos movimientos de autogobierno que solo incuban problemas sociales que van a estallar cuando no estén en el poder”, afirmó.
Además, denunció presiones del Ejecutivo estatal hacia el Poder Judicial, al señalar que jueces han sido obligados a emitir órdenes de aprehensión.
Sostuvo que Morena ha conformado un sistema judicial afín para ejecutar vendettas políticas.
En otro tema, criticó la falta de resultados en el caso del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y cuestionó los actos simbólicos del gobierno.
“Qué chingón es, los del gobierno inauguran un puente con el nombre de Carlos Manzo para exigir justicia por su homicidio, y creen que así honran su memoria. No han detenido a los responsables de este magnicidio”, expresó.
Incluso, sugirió que el crimen benefició políticamente al partido en el poder.
“Les hicieron la chamba, porque les quitaron de enfrente a un candidato que les iba a ganar y a exhibir”, añadió.
Finalmente, criticó que no se haya investigado al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla pese a señalamientos indirectos, y aseguró que su gestión es peor que la del exmandatario Aureoles Conejo.
