STAFF/ Marina Alejandra Martínez
En los últimos tres años, la manipulación de contenido digital ha aumentado más de 300 por ciento en México, afirmó la diputada panista Vanessa Caratachea Sánchez al presentar una iniciativa con proyecto de decreto para castigar la suplantación de identidad mediante inteligencia artificial (IA).
La legisladora advirtió que el uso de esta tecnología ha detonado la producción de imágenes, audios y videos falsos —conocidos como deepfakes— empleados para extorsión, fraude, violencia digital, descrédito político, afectación a menores y usurpación de identidad, con consecuencias sociales y económicas graves.
«Los casos de extorsión telefónica con audios falsificados, la difusión de videos íntimos manipulados y la suplantación de identidad digital a través de perfiles generados mediante IA son ya una constante denunciada ante la Fiscalía General del Estado, sin embargo, el Código Penal del Estado todavía no contempla expresamente la suplantación de identidad mediante esta herramienta ni la manipulación sintética de contenido como delitos autónomos», manifestó.
Consideró que esta omisión configura un vacío legal que favorece a quienes utilizan la tecnología como instrumento de violencia, fraude y vulneración de la dignidad humana.
Por ello, planteó reformar el Título Décimo Tercero del Código Penal de Michoacán, incorporando un nuevo capítulo que regule específicamente los delitos cometidos mediante estas herramientas.
La propuesta contempla sancionar la generación de contenido falso, frenar la difusión de deepfakes, procesar la suplantación mediante voz sintética e inhibir extorsiones y fraudes digitales que se apoyan en la credibilidad de estas tecnologías.
» La suplantación de identidad mediante IA afecta de manera directa y desproporcionada a mujeres víctimas de violencia digital, niñas, niños y adolescentes, funcionarios públicos, estudiantes, empresas y ciudadanos en general, provocando daños irreversibles a la honra, la reputación y la vida privada, así como graves consecuencias psicológicas, familiares, sociales y laborales», manifestó.
La iniciativa establece penas de 3 a 6 años de prisión y de 200 a 500 días de multa para quien suplante la identidad de una persona viva o fallecida, le atribuya conductas, declaraciones, actos o situaciones que no ha realizado, genere perjuicio a su reputación, intimidad o dignidad, o incurra en extorsión, acoso, amenaza, fraude, daño moral o cualquier beneficio ilícito.
Asimismo, propone imponer de 4 a 8 años de prisión y de 300 a 700 días de multa a quien difunda, publique, comparta, venda o transmita contenido sintético generado mediante IA, a sabiendas de su origen o falsedad, con el propósito de afectar la integridad, vida privada, dignidad, ejercicio del cargo público, actividad profesional o relaciones sociales de otra persona.
La pena se incrementará hasta en una mitad cuando la víctima sea mujer y el contenido tenga connotación sexual, de violencia digital o de deshonra, cuando se trate de menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad, si el material se utilice para extorsión, trata, explotación sexual o fines electorales, cuando el responsable sea funcionario público o emplee información obtenida por razón de su cargo o cuando el hecho perjudique a maestros, estudiantes o personal educativo.
