STAFF/@Marina Alejandra Martínez
Selene Lizbeth González Medina fue nombrada consejera provisional del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), luego de la destitución de cuatro consejeros electorales, entre ellos el presidente del organismo.
La designación se concretó durante la sesión ordinaria del Instituto Nacional Electoral (INE), donde la propuesta obtuvo 10 votos a favor y uno en contra, con lo que González Medina asumirá de manera temporal la conducción del órgano electoral michoacano.
Los integrantes del órgano electoral nacional también ratificaron que el plazo límite para designar a la persona que ocupará de manera definitiva la presidencia del IEM vence el próximo 31 de agosto.
Durante la discusión, la consejera Rita Bell López Vences calificó como crítica la situación que atraviesa el organismo electoral local y lamentó las consecuencias de la decisión adoptada.
“Es la que nos queda, una opción, y será muy complejo sesionar para dos personas. El funcionamiento del mismo está en riesgo. Yo no estoy de acuerdo con esta decisión y podríamos haber explorado, como en el caso de Chiapas, que se nombró a una persona de la Junta Local para que se hiciera cargo de la presidencia en el tiempo que no hubo consejeras y consejeros, para darle certeza al instituto. Es muy grave lo que westá sucediendo”, lamentó.
Por su parte, el consejero Martín Faz advirtió que la imposibilidad de que dos consejeros puedan sesionar también genera incertidumbre respecto al pago de los trabajadores, debido a que no pueden realizarse modificaciones en las titularidades de las cuentas bancarias.
El consejero reiteró además que la determinación tomada durante la sesión anterior en contra del IEM representó una medida extrema.
A su vez, Jorge Montaño Ventura y Carla Humphrey sostuvieron la postura que habían expresado previamente y señalaron que los exconsejeros del IEM incurrieron en violaciones a la ley.
No obstante, ambos aprovecharon su intervención para solicitar a la cámara de diputados modificaciones al marco legal vigente, a fin de establecer sanciones distintas a la destitución, ya que la legislación actual únicamente contempla la separación del cargo cuando los consejeros incurren en alguna falta.
