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El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, aclaró que el celular de Carlos Manzo no ha sido incorporado a la investigación, ya que se trata de una pertenencia personal cuya entrega depende de la voluntad de la familia.
“Debe haber voluntad de quien lo resguarda”, explicó, al señalar que, en caso de entregarse, se seguiría el proceso legal correspondiente para la extracción de la información.
Durante una entrevista con medios de comunicación, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) precisó que el dispositivo ha sido solicitado en al menos dos ocasiones, durante noviembre y diciembre, con el objetivo de identificar posibles indicios, como amenazas u otros elementos relevantes para la investigación. Sin embargo, indicó que la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, ha señalado que no lo ha entregado y que, en caso de hacerlo, sería bajo su supervisión.
Explicó que la presidenta municipal, manifestó que en vida Carlos Manzo había expresado su intención de que su celular no fuera entregado a terceros, lo que ha influido en la decisión de mantenerlo bajo resguardo familiar.
Puntualizó que en caso de que la familia decida aportar voluntariamente el dispositivo, se llevaría a cabo el procedimiento correspondiente de judicialización para la extracción y análisis de datos, con apego a los protocolos legales, a fin de fortalecer la investigación en curso
Torres Piña subrayó que cualquier dato de prueba puede contribuir al avance de las indagatorias. “Todas las aportaciones de alguna prueba o información que nos hagan llegar siempre serán bienvenidas. Nos ayudan mucho en el proceso de investigación”, expresó.
Asimismo, aclaró que el celular no ha sido integrado formalmente como dato de prueba, por lo que no puede ser asegurado de manera obligatoria. “Podríamos solicitarlo oficialmente, pero también se tiene que valorar que es una pertenencia personal”, puntualizó.
En contraste, destacó que más de una decena de funcionarios sí han proporcionado sus dispositivos para su revisión. “Más de 10 funcionarios han entregado sus celulares para revisar datos”, señaló.
Derivado de estas revisiones, la Fiscalía detectó comunicaciones clave el día de los hechos. “Había grupos de WhatsApp donde se bajaban indicaciones y desde adentro se informaba minuto a minuto a los agresores”, reveló.
Finalmente, reiteró que, en caso de que la familia decida aportar el dispositivo, se llevará a cabo el procedimiento legal correspondiente para su análisis. “Si deciden presentarlo, se realiza el proceso de judicialización para la extracción de datos”, concluyó.
