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El reciente informe emitido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el departamento del Comité de Desapariciones Forzadas, donde se explicó que el Estado mexicano no tenía las suficientes estrategias, operativos y cronogramas para buscar a las personas desaparecidas del país, fue rechazado por la Secretaria de Relaciones Exteriores del Gobierno Mexicano donde se dijo que este podría ser considerado un crimen de lesa humanidad.
Ante lo comentado por la ONU, el Gobierno de México respondió “Si bien el informe se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo 2009-2017 -administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto– y se circunscribe a cuatro estados, la decisión del Comité es parcial y sesgada”
“El procedimiento de la Convención fue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado, y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar. Dicho marco no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia.”
“El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltamos que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo.”
Asimismo, como parte central de la transformación nacional se recalcó el gran compromiso firme con la eliminación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de los procesos de búsqueda e identificación, y la garantía de verdad y justicia para las víctimas y sus familias.
