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El ex secretario de Gobierno, Adrián López Solís, en el periodo del gobierno de Silvano Aureoles Conejo, no será investigado por caso Arantepacua, dejó entrever el gobernador actual del estado, Alfredo Ramírez Bedolla.
«La línea de mando, que la fiscalía detectó y que los jueces avalaron con estas órdenes de aprehensión, es una línea de mando que llega hasta el exgobernador, y hasta el secretario de seguridad…» Señaló Ramírez Bedolla.
Esto luego de ser cuestionado por la prensa local, acerca de si el también ex Fiscal General del Estado, López Solís, sería investigado o si, ¿No tocarlo, era el acuerdo para salir de la fiscalía?
Asimismo el mandatario estatal, aseguró que la detención de las personas con órdenes de aprehensión por los hechos ocurridos en Arantepacua es un tema prioritario para su administración, luego de que durante años el caso permaneciera sin avances significativos.
Señaló que, aunque parecía que el tema quedaría en el olvido, actualmente ya existen mandamientos judiciales que deben cumplirse de manera puntual.
“Parecía que ya se iba a ir impune el tema, ya parecía que estaba en el olvido, pero ya se giraron las órdenes de aprehensión y ahora es prioritaria la detención de todas estas personas”, expresó.
Ramírez Bedolla explicó que las responsabilidades están claramente delimitadas conforme a la línea de mando, por lo que las investigaciones apuntan a quienes tenían control operativo de los elementos de seguridad en el momento de los hechos.
Detalló que las órdenes de aprehensión alcanzan a mandos de la entonces Secretaría de Seguridad Pública, incluido quien fungía como titular de la dependencia, así como otros altos funcionarios, derivado de las indagatorias realizadas por la Fiscalía y avaladas por jueces.
Asimismo, rechazó que exista algún tipo de acuerdo para excluir a exfuncionarios de las investigaciones, al sostener que las responsabilidades se fincan conforme a las atribuciones de cada cargo.
El 5 de abril de 2017, en la comunidad indígena de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, se registró un operativo policial BB que derivó en un enfrentamiento, dejando como saldo la muerte de cuatro comuneros, decenas de personas lesionadas y múltiples detenciones.
Los hechos ocurrieron en medio de un conflicto por el autogobierno y la defensa de recursos comunales, lo que generó señalamientos por uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades estatales.
A casi nueve años de lo ocurrido, las recientes órdenes de aprehensión representan uno de los avances más relevantes en la búsqueda de justicia para la comunidad purépecha.
