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El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes, anunció que el instituto político alista una ofensiva legal para frenar la desincorporación de 38 inmuebles pertenecientes al patrimonio de los michoacanos, aunque reconoció que, por ahora, no cuentan con los votos suficientes para impulsar la acción.
El también diputado local adelantó que el equipo jurídico del partido tricolor ya trabaja en una acción de inconstitucionalidad que será presentada una vez que la desincorporación de los bienes inmuebles sea publicada en el Periódico Oficial del Estado.
Valencia Reyes calificó la medida promovida por el gobierno estatal como una desfachatez y un robo al patrimonio de los michoacanos.
Para promover la acción de inconstitucionalidad contra dicha decisión, explicó que se requieren al menos 13 firmas de legisladores.
“Yo personalmente voy a recabar las firmas con cada uno de ellos. Si son cuatro del PAN, dos del PRI y dos de MC, nos sostenemos, ya tenemos ocho. Si Sandra Olimpia, Juan Carlos Barragán e Itzé Camacho se sostienen y firman, ya tenemos once. Y si el diputado Tafolla, me sorprende que se sumo a Morena, será uno más, serán doce y nos hará falta solo una firma”, afirmó.
Indicó que, para completar las 13 rúbricas necesarias, buscará el respaldo de Belinda Hurtado, quien tuvo una votación dividida, con lo cual podrían presentar la controversia legal para revertir lo que calificó como hurto y saqueo por parte de un gobierno al que también acusó de incongruente.
“Equipo jurídico ya está trabajando en una acción de inconstitucionalidad, en cuanto se publique vamos a recabar las firmas. Tendremos 30 días y la vamos a presentar”, adelantó.
El dirigente priista vaticinó que los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y de Movimiento Ciudadano (MC) respaldarán la controversia legal para propinar “un gran descalabro a este gobierno”.
Finalmente, aseguró que, de concretarse dicha alianza legislativa, quedará demostrado que las distintas fuerzas políticas pueden ponerse de acuerdo cuando se trata de colocar por delante el interés del Estado.
