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El juez federal Sergio Santamaría Chamú ha ordenado a los gobiernos Federal de Claudia Sheinbuam y al estatal de Michoacán de Alfredo Ramírez Bedolla, que a la brevedad ejecuten acciones que lleven a identificar los sitios de instalación de minas terrestres por parte del crimen organizado.
Pero la orden no sólo es para hacer dicha detección en la región de la Tierra Caliente sino en todo el territorio nacional.
El juez Santamaría pidió a la administración de Sheinbaum que realice una planeación en la cual se fije el número estimado de días, meses o años necesarios para destruir todas las minas de las zonas bajo la jurisdicción o control del Estado Mexicano.
Ante lo cual las autoridades involucradas deberán cumplir una suspensión provisional en los próximos días y elaborar un programa nacional de desminado para evitar afectaciones a la vida de las personas en diversos municipios de esa entidad.
Así, tanto el gobierno michoacano como la Federación deberán determinar la extensión y ámbito del problema de las minas en la zona de Las Paredes del Ahogado y Santa Ana Amatlán, pertenecientes al municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán, y sus zonas aledañas.
El juez en cuestión también determinó que se tendrán que fijar los recursos financieros, tecnológicos y humanos necesarios para la ejecución del programa, además de criterios, indicadores y mecanismo de evaluación sobre su eficacia.
También se instruye la elaboración de un plan de sensibilización sobre el problema entre la población además de brindar atención plena a quienes han sido afectados por las explosiones de “narco minas”.
Esta determinación fue emitida gracias a un grupo de 15 personas quienes acusaron la omisión de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla, así como los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y Guardia Nacional ante el riesgo que representan las minas instaladas por el crimen organizado.
“Existe un riesgo latente y diario de que los habitantes de nuestra comunidad y las aledañas pierdan la vida porque desconocen dónde están ubicados dichos dispositivos explosivos. Omisión con la cual se viola nuestro derecho a la vida, a la integridad personal, al trabajo en condiciones de seguridad y a un medio ambiente sano y seguro, en el que podamos realizar nuestras vidas cotidianas sin miedo”, explica la demanda de amparo.
Derivado de lo cual en los próximos días tanto el gobierno federal como las autoridades michoacanas deberán enviar al juez Sergio Santamaría Chamú un informe en el que respondan al grupo de personas que solicitaron el amparo e indiquen, de forma justificada, si han sido o no omisos en implementar medidas contra esta problemática.
El juez fijó plazo para el próximo 14 de marzo, día en que se efectuará la audiencia en la que definirá si concede o no una suspensión definitiva que obligue a las autoridades involucradas actuar cuanto antes.
