STAFF/Marina Alejandra Martínez
La organización civil nacional, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), alertó que, la Reforma Judicial, enviada por la presidencia de la República, de ser aprobada, no solo abriría espacios a la corrupción y prácticas antidemocráticas por parte de los candidatos, sino que, también pondría en severo riesgo la impartición de justicia en México.
Según la organización especializada en análisis de seguridad pública, la iniciativa podría provocar el retraso o incluso el reinicio de juicios desde cero en casos de delitos federales graves, como trata de personas, desaparición forzada, corrupción y secuestro, entre otros.
En su análisis, la organización, destaca que, la reforma, no eliminará la impunidad, corrupción, ni la ineficiencia en la impartición de justicia.
Por el contrario, afirman que, impondrá nuevas barreras, al crear costosos mecanismos de selección de perfiles que complejizarán y entorpecerán la eficiencia del sistema judicial, dejando intactas las causas estructurales de la impunidad en México.
Según los datos presentados por la organización, solo el 10 por ciento de los delitos cometidos en el país, son denunciados ante las fiscalías, y de estos, únicamente el uno por ciento, llega al Poder Judicial, para ser presentado ante un juez.
Ante esta situación, aseguran que, la reforma, no resolverá de ninguna manera la impunidad en el 99 por ciento de los delitos que se cometen.
Otro punto crítico señalado es que, la elección de nuevos jueces podría causar la pausa, retraso o incluso el reinicio de juicios desde cero, ya que, el sistema penal acusatorio establece que el mismo juez debe llevar y resolver un juicio de principio a fin.
Además, alerta que, la reforma, limitaría la capacidad de la ciudadanía, para defenderse mediante amparos, ante leyes que violen sus derechos humanos, al proponer la prohibición constitucional de suspensiones y sentencias con efectos generales.
La organización, también pone énfasis, en que, la reforma no garantiza que los jueces, magistrados y ministros elegidos por voto popular, estén realmente capacitados para impartir justicia, ya que, elimina el requisito de experiencia y preparación especializada a través de la carrera judicial.
Esto podría abrir la puerta a que, en lugar de experiencia y conocimientos técnicos, el carisma o la popularidad política, sean los factores decisivos, para ocupar un puesto dentro del Poder Judicial.
Finalmente, MUCD, subrayó que, en los periodos ordinarios de elección a nivel federal se tendrían que elegir alrededor de 10 mil 500 funcionarios del Poder Judicial, sin contar las elecciones locales, lo que representaría «un altísimo gasto y labor titánica para el Estado, particularmente para los órganos electorales».
Por ello, hicieron un llamado al poder legislativo a no aprobar esta reforma «al vapor», considerando que, se trata de un rediseño institucional, que no atiende las causas estructurales de la justicia y que, por el contrario, podría aumentar la complejidad del actuar del Poder Judicial.
