STAFF/Marina Alejandra Martínez
A lo largo del último año y siete meses, Michoacán, ha permanecido en foco rojo en materia de extorsión, con 167 casos registrados en lo que va de 2024, según las estadísticas de la organización nacional especializada en seguridad, «Semáforo Delictivo».
Durante enero de 2024, se denunciaron 22 casos de extorsión, mientras que, en febrero se reportaron 20; en marzo otro 22; abril registró 20 casos; mayo 34; junio 24; y, julio 25.
Estas cifras están un 98 por ciento, por encima de la media nacional y superan en 40 por ciento, las estadísticas correspondientes a los primeros siete meses de 2023.
Sin embargo, la organización «Semáforo Delictivo» realiza sus reportes con base en los datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que indica que, los casos registrados corresponden solo a aquellos que fueron formalmente denunciados.
Esto deja fuera una cifra negra desconocida de extorsiones, que no son reportadas a las autoridades.
Debido a esta alarmante situación, Michoacán, no ha logrado salir del foco rojo en materia de extorsiones, superando a estados como Guerrero y Tamaulipas, que se encuentran en foco verde o amarillo.
En paralelo, los limoneros de la región de Tierra Caliente, particularmente en el municipio de Apatzingán, cumplen una semana en paro de labores debido a las constantes extorsiones y amenazas de cárteles de la droga, lo que ha llevado a la suspensión del corte y empaque de limón mexicano.
La región citrícola de Michoacán, abarca 67 mil hectáreas, produce más de 700 mil toneladas de cítricos y cuenta con 3 mil 500 productores, posicionando al Estado, como líder nacional en producción de limón.
Otros sectores productivos en Michoacán, como el de la carne roja y blanca, el aguacate y hasta los vendedores de tortillas, también han sido afectados por la delincuencia organizada a través de extorsiones, cobro de cuotas y amenazas.
En diversos periodos, estos sectores han denunciado públicamente las arbitrariedades que sufren, lo que ha provocado paros de labores, para exigir al gobierno estatal y federal, que se apliquen medidas de justicia y se refuercen las acciones de seguridad en la región.
