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El diputado morenista, Fermín Bernabé Bahena exhortó a todos los actores a que se tenga un proceso electoral limpio en el que se evite usar los programas y los recursos de los gobiernos para el proselitismo, ya que subrayó que esto es un delito electoral grave.
«Vamos a estar pendientes de que los recursos del pueblo en realidad le lleguen a la gente y no se aprovechen con fines electorales porque ese es un compromiso de la Cuarta Transformación: combatir la corrupción. Tengamos un proceso electoral limpio y también pido a la ciudadanía que acuda ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de detectar alguno de estos ilícitos», manifestó el legislador.
Bernabé Bahena subrayó que los recursos municipales, federales y estatales deben llegar a los que más lo necesitan sin que haya oportunismo político que desee apoderarse de ellos para beneficiar a los candidatos y a los partidos.
«Debe respetarse la voluntad de los ciudadanos y prevalecer la propuesta de los candidatos por encima de la tentación de emplear los recursos de los programas para los beneficios propios, el dinero que está destinado para la ciudadanía no debe tocarse por ningún motivo», enfatizó el diputado.
El congresista puntualizó que no deben usarse los bienes o servicios públicos en una campaña ni se debe condicionar el acceso a los servicios públicos y a los programas sociales.
«La Ley General en Materia de Delitos Electorales establece en su Artículo 11 que se impondrán de 200 a 400 días de multa y prisión de dos a nueve años al servidor público que condicione la prestación de un servicio público, así como el cumplimiento de los programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias o la realización de obras públicas en el ámbito de su competencia a la emisión del voto en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición y si el condicionamiento del programa gubernamental se realiza utilizando programas de naturaleza social se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en este artículo», detalló el asambleísta.
También añadió que el Artículo 11 Bis de dicha Ley decreta que se impondrán de 500 a mil días multa y prisión de cuatro a nueve años a la servidora o servidor público que durante el proceso electoral use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de
incidir en el electorado para posicionarse o posicionar ante el electorado un precandidato, aspirante a candidato independiente, candidato, partido político o coalición.
«Los delitos electorales están considerados como graves, hay que ser respetuosos de la ley y trabajar por un proceso electoral transparente, no podemos permitir el empleo de los recursos públicos con fines proselitistas, la compra de votos, el acarreo, la violencia o la amenaza a los subordinados para que voten a favor de tal o cual aspirante o candidato ni la presión a los electores en el interior de las casillas donde estén formados, estos son delitos graves e implican cárcel», sentenció Fermín Bernabé.
«También hacemos un llamado a la competencia limpia, que lo que se ponga sobre la mesa sean las propuestas y no el dinero para comprar voluntades ni que se empleen los recursos humanos o materiales de los gobiernos en las campañas porque todo esto va a ser puntualmente observado», dijo el diputado.
