STAFF/ Marina Alejandra Martínez
El envenenamiento de animales debe ser castigado con penas de cárcel, sostuvo la diputada Gulianna Bugarini Torres, coordinadora de la fracción parlamentaria de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del Estado, al presentar una iniciativa para incorporar una disposición específica sobre esta conducta en el Código Penal de Michoacán.
De acuerdo con estadísticas de asociaciones protectoras de animales, anualmente más de 3 mil ejemplares de distintas especies mueren en Michoacán a consecuencia de envenenamientos provocados por personas, una problemática que, señaló la legisladora, requiere sanciones específicas y medidas de prevención.
La propuesta plantea adicionar el artículo 309 Bis al Código Penal estatal, con el propósito de establecer una hipótesis penal específica para castigar no solamente cuando se concrete el envenenamiento de un animal, sino también cuando se coloquen o suministren sustancias tóxicas con la intención de matarlo o lesionarlo.
El proyecto contempla agravantes cuando se provoquen muertes múltiples, exista un peligro concreto para las personas, se afecten espacios de concurrencia pública o se contaminen elementos del entorno que representen un riesgo sanitario.
“La respuesta debe ser integral, prevención, educación, esterilización, atención veterinaria, tenencia responsable, vigilancia y, cuando corresponda, investigación y sanción conforme a derecho”, manifestó Bugarini.
La diputada explicó que, si bien el artículo 309 del Código Penal ya contempla sanciones que pueden derivar en prisión por conductas de maltrato y crueldad animal, considera necesario incorporar agravantes específicas para el envenenamiento, al tratarse de acciones que reflejan extrema crueldad contra los seres sintientes y que también representan un riesgo para la población.
En marzo de 2025, en el municipio de Uruapan, un niño de seis años perdió la vida después de consumir pan contaminado con veneno para ratas.
Asimismo, en distintas regiones de Michoacán se han registrado envenenamientos masivos que han provocado la muerte de perros, gatos y otras especies, entre ellas aves que descienden a consumir alimentos contaminados debido al hambre.
La iniciativa busca que estas conductas tengan consecuencias penales específicas y que la protección animal también contemple los riesgos que el uso de sustancias tóxicas representa para la salud pública.
