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La prevención de daños ambientales será uno de los principales ejes de la propuesta con la que el gobierno federal busca actualizar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), vigente desde 1988. La iniciativa incorpora nuevas herramientas para restaurar ecosistemas, atender afectaciones y fortalecer el acceso a la justicia ambiental.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presentó los 10 principales contenidos de la propuesta, que será enviada al Congreso de la Unión. Claudia Sheinbaum explicó que la intención es “fortalecer las capacidades del Estado mexicano para proteger, cuidar, conservar y restaurar el medio ambiente y los recursos naturales”.
La nueva legislación estaría sustentada en 10 principios:
- Reconocer el patrimonio natural como fundamento de la vida, la prosperidad y el bienestar
- Establecer que no existe justicia social sin justicia ambiental
- Priorizar la prevención
- Impulsar la conservación y restauración
- Considerar el conocimiento científico
- Promover una gestión territorial con participación ciudadana
- Fortalecer la cultura ambiental
- Avanzar hacia una economía circular
- Proteger a los defensores ambientales y preservar el patrimonio biocultural.
Bárcena remarcó que los problemas ambientales que enfrenta actualmente el país, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de océanos y costas, hacen necesario contar con mecanismos distintos a los establecidos hace casi cuatro décadas.
El proyecto plantea la prevención como prioridad sobre la reparación de los daños e incorpora conceptos de restauración, reparación y remediación.
«Estamos realmente priorizando la prevención antes que reparar.», señaló
La evaluación ambiental estratégica para grandes proyectos antes de que comiencen será un cambio fundamental, así como analizar de manera conjunta proyectos relacionados, especialmente cuando sus efectos puedan acumularse en una misma zona o región.
“Lo que estamos buscando en esta ley es prevenir estos daños ambientales y también proteger los derechos de las personas y de las comunidades”, indicó.
La iniciativa contempla una mayor participación de comunidades, pueblos indígenas y afrodescendientes en las decisiones ambientales. De acuerdo con la secretaria, esto permitiría brindar mayor certeza jurídica tanto a las comunidades como a las inversiones en regiones donde existen conflictos socioambientales.
“No podemos hacer ciencia sin reconocer la sabiduría que tienen nuestros pueblos indígenas”, afirmó.
El proyecto incluye un programa de restauración ecológica, medidas para promover la economía circular y acciones encaminadas a disminuir la generación de residuos y elevar el reciclaje.
La intención es anticipar los posibles impactos de los grandes proyectos mediante evaluaciones ambientales estratégicas, en lugar de intervenir únicamente después de que los daños ya se hayan producido.
