STAFF/@Marina Alejandra Martínez
Integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) anunciaron una serie de movilizaciones para inicios de la próxima semana, entre ellas la toma de carreteras federales, ante lo que calificaron como falta de respuesta de autoridades estatales y federales frente a las afectaciones a la salud que atribuyen a la planta geotermoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En conferencia de prensa, Pavel Guzmán Ulianov, vocero del CSIM, señaló que hasta el momento no han recibido respuesta de las autoridades para realizar los estudios pertinentes sobre la serie de enfermedades renales que, afirmó, padece población del Oriente de Michoacán, ante la contaminación del agua provocada por dicha planta eléctrica.
Indicó que esta situación persiste pese a los compromisos y promesas realizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de realizar los estudios pertinentes.
“Por acción u omisión se convierten en cómplices de la crisis que padecen cientos de familias con enfermedades crónicas renales en la entidad. Además, también han incumplido los acuerdos, toda vez que la subprocuradora de Inspección y Vigilancia Industrial de la Profepa, Gabriela Ortiz Merino, se comprometió desde el pasado 8 de abril a que, en menos de un mes, encabezaría una inspección a la geotermoeléctrica para verificar puntos de riesgo ambiental con presencia de las comunidades, y cinco meses han pasado y nunca cumplió”, manifestó.
El vocero indígena recordó que, en reiteradas ocasiones, distintos sectores de las comunidades originarias han denunciado la contaminación que, según sus señalamientos, genera la planta geotermoeléctrica y que atribuyen a la contaminación del agua la presencia de numerosos casos de enfermedades renales en la zona.
Sin embargo, lamentó que ninguna autoridad haya asumido responsabilidad frente a esta problemática.
“Estamos luchando en contra de un monstruo, estamos luchando en contra de una paraestatal, estamos luchando en contra de una empresa que tiene muchos recursos, muchos empleados y tiene su seguridad privada, tiene muchísimas cosas. Y obviamente es difícil, pero tenemos claro que podemos visibilizar la problemática”, señaló.
Por su parte, Roque Martínez Hernández, integrante de la comunidad de San Matías el Grande, urgió a las autoridades a atender verdaderamente a la población y realizar un estudio integral sobre los niveles de contaminación del agua.
Consideró indispensable determinar cuáles son los minerales que estarían contaminando el vital líquido y establecer si existe una relación con las afectaciones que presentan las comunidades aledañas a la planta.
