STAFF@michangoonga
Rubén Rocha Moya regresó este viernes a sus funciones como gobernador constitucional de Sinaloa, luego de permanecer 112 días separado temporalmente del cargo, en medio de acusaciones del Gobierno de Estados Unidos que lo relacionaron con el Cártel de Sinaloa.
A través de sus redes sociales, el mandatario afirmó que vuelve “con la frente limpia y en alto” y sostuvo que durante el periodo de licencia se sometió a las investigaciones de las autoridades mexicanas para demostrar que las acusaciones en su contra carecían de sustento.
Rocha Moya recordó que el pasado 1 de mayo solicitó al Congreso estatal separarse temporalmente de la gubernatura. Durante ese tiempo, aseguró, compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) y puso a disposición de las autoridades la información necesaria para el desarrollo de las investigaciones.
Según el gobernador, las indagatorias no encontraron elementos que acreditaran su participación en algún delito: “No he cometido ningún delito, de acuerdo con el marco constitucional y legal de nuestro país”, afirmó.
Rocha Moya también calificó las acusaciones estadounidenses como señalamientos sin fundamento y atribuyó su origen a intereses políticos e intervencionistas. Reiteró además su respaldo a la llamada Cuarta Transformación y aseguró que continuará trabajando por los sinaloenses.
La polémica comenzó a finales de abril, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló al gobernador y a otros funcionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con la acusación estadounidense, los señalados habrían participado en una conspiración relacionada con el tráfico de drogas y armas, además de recibir presuntos beneficios políticos y económicos.
Las autoridades estadounidenses también sostuvieron que Rocha Moya habría recibido apoyo de Los Chapitos durante las elecciones de 2021 mediante actos de intimidación y secuestro de rivales políticos. Entre los delitos señalados se encontraban conspiración para importar narcóticos y posesión de armas de alto poder.
Además del gobernador, la acusación incluyó a funcionarios y exfuncionarios sinaloenses como Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.
