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El exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas, relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Durante la audiencia, un juez de control determinó que existen elementos para procesar al exmandatario por el presunto ocultamiento de información relacionada con el caso. Además, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que Aguirre Rivero permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México.
La autoridad judicial estableció un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria, informó durante la madrugada de este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).
Aguirre Rivero fue detenido el pasado 6 de agosto en Tepotzotlán, Estado de México, como parte de las nuevas diligencias emprendidas por la FGR en torno a la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
De acuerdo con la acusación, el exgobernador habría ocultado información y presuntamente ordenado la destrucción de grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala.
Las imágenes, según la investigación, habrían captado el momento en que policías municipales y estatales detuvieron uno de los autobuses en los que viajaban los normalistas, identificado como la unidad 1531 de Estrella de Oro.
Durante la audiencia, que se prolongó por más de 15 horas, la defensa de Aguirre Rivero presentó 31 datos de prueba con los que buscó desacreditar los señalamientos de la Fiscalía. Entre las pruebas se incluyeron documentos oficiales, reportes periodísticos y declaraciones de distintas personas.
También comparecieron como testigos Jesús Martínez Garmelo, quien fue secretario de Gobierno de Guerrero durante la administración de Aguirre, y Felipe Martín Ornelas Rebollo, excoordinador general de Seguridad y Transporte Aéreo del estado.
Según las declaraciones referidas por medios nacionales, ambos exfuncionarios señalaron que Aguirre Rivero no se encontraba en Guerrero cuando presuntamente recibió las grabaciones y habría ordenado su destrucción, sino en la Ciudad de México.
La audiencia fue encabezada por el juez de control Mario Elizondo Martínez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
En la diligencia también estuvieron presentes 13 padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
