STAFF/Marina Alejandra Martínez
El Congreso del Estado busca ampliar las responsabilidades para investigar y sancionar el delito de violencia escolar, al plantear una reforma que castigaría con penas de hasta cuatro años de prisión a docentes y directivos que permanezcan omisos frente a casos de bullying, además de responsabilizar a los centros educativos, públicos y privados, por hechos de violencia registrados incluso en las inmediaciones de los planteles.
La iniciativa es impulsada por el legislador perredista Octavio Ocampo Córdova, quien propone reformar el artículo 178 del Código Penal para tipificar de manera autónoma la violencia escolar y agravar los delitos contra la vida y la integridad cforporal cuando sean cometidos en este contexto.
La propuesta amplía el alcance de la persecuciión de estas conductas al establecer que también serán sancionables cuando ocurran en las inmediaciones de las escuelas, debido a que es una práctica recurrente que las instituciones educativas pretendan deslindarse de responsabilidad cuando las agresiones o actos de bullying suceden fuera de la puerta del plantel.
Asimismo, plantea imponer penas de uno a cuatro años de prisión y de 100 a 300 días de multa, independientemente de las sanciones que correspondan si se cometen otros delitos, como lesiones, amenazas o ataques al pudor, cuando el sujeto activo sea un servidor público, personal docente, administrativo o directivo de la institución educativa, o bien, teniendo el deber garante de impedirlo, incurra en omisión.
La iniciativa establece que, en estos casos, la pena de prisión augmentará hasta en una mitad y procederá además la destitución e inhabilitación del cargo, empleo o comisión por un periodo igual al de la pena privativa de la libertad impuesta..
De aprobarse la reforma, los maestros y el personal directivo dejarían de poder permanecer omisos ante las denuncias y quejas de padres de familia y estudiantes que reporten casos de violencia escolar.
El proyecto también pretende dotar a jueces especializados de un tipo penal autónomo que permita detonar la aplicación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, de modo que el Estado pueda imponer a adolescentes agresores medidas socioeducativas y de justicia restaurativa, como terapias cognitivo-conductuales, reubicación escolar y reparación del daño, con el propósito de atender el problema antes de que evolucione hacia conductas delictivas de mayor impacto social.
Además, busca que cuando un adulto forme parte de la dinámica escolar, ya sea como padre de familia, maestro u otro integrante de la comunidad educativa, pueda ser sancionado por el delito autónomo de violencia escolar previsto en el artículo 178 Quinquies.
Las penas de prisión y las sanciones económicas previstas en este artículo serán aplicables exclusivamente a personaas mayores de 18 años de edad.
