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La resolución del Tribunal en contra del diputado Juan Carlos Barragán Vélez está sustentada en pruebas que acreditan un daño al erario y al servicio público, por lo que defenderá la sanción de 20 años de inhabilitación en caso de que sea impugnada, aseguró el contralor Francisco Ramírez Flores, titular de la secretaria de Contraloría del estado de Michoacán
En este sentido, afirmó que el Tribunal de Justicia Administrativa validó las pruebas integradas durante la investigación y concluyó que existieron irregularidades graves en el manejo de recursos públicos.
«El Tribunal, con las pruebas que se le allegaron en el procedimiento administrativo y que integró la Contraloría, está confirmando que sí hubo un daño al erario y al servicio público», sostuvo.
Explicó que Barragán deberá cumplir dos sanciones: la inhabilitación por 20 años para ejercer cargos públicos y el resarcimiento de poco más de cinco millones de pesos.
El funcionario precisó que el entonces servidor público incumplió las reglas de operación del programa social que administraba, al destinar recursos a un fin distinto al establecido en la normatividad.
«El recurso tenía reglas específicas y debía entregarse a quienes cumplieran los requisitos. En este caso no se hizo; se utilizó para un fin que, aunque él considera que fue el mismo, no era el correcto porque no era el que estaba establecido en las reglas de operación», explicó.
Respecto a los señalamientos del legislador, quien acusa un trasfondo político por la resolución, Ramírez Flores rechazó esa versión y señaló que el procedimiento se desarrolló dentro de los plazos legales.
Detalló que las faltas administrativas graves prescriben hasta en siete años y que dicho plazo se interrumpe desde el momento en que el servidor público es notificado del procedimiento, por lo que la resolución fue emitida conforme a derecho y no responde al contexto político actual.
Finalmente, confirmó que Barragán aún puede promover recursos legales para impugnar la sentencia; sin embargo, la Contraloría continuará con la defensa jurídica del caso para que la sanción quede firme.
