STAFF/Marina Alejandra Martínez
Entrevistado en la sede parlamentaria, donde acudió para participar en el acto solemne con motivo de la entrega del Reconocimiento al Mérito Ambiental “Homero Gómez” 2026, el funcionario estatal explicó que la mayoría de estos procedimientos derivan del programa “Guardián Forestal”.
“Hemos puesto denuncias por tala clandestina, por cambio de uso de suelo, por construcción ilegal de ollas de agua y son alrededor de 400 denuncias anuales desde los años 2024 y 2025, que fue cuando empezó el programa Guardián Forestal”, manifestó.
Méndez López señaló que entre las regiones consideradas focos rojos se encuentran municipios de la Sierra-Costa, como Aquila, Coahuayana y Tumbiscatío, zonas que calificó como especialmente complejas debido a los problemas de inseguridad.
No obstante, destacó que en alrededor de 30 municipios de la franja aguacatera se ha registrado una disminución en la incidencia de afectaciones al entorno natural.
Aun así, reconoció que es necesario ampliar la cobertura de vigilancia hacia otras áreas, entre ellas la región tequilera y parte de la zona costera.
El titular de la SECMA indicó que desconoce cuántas de las denuncias presentadas han concluido con una resolución judicial, ya que esas estadísticas son administradas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y las fiscalías.
Explicó que la dependencia ha procurado que únicamente lleguen a tribunales aquellos casos que realmente lo ameritan, con el objetivo de optimizar la labor institucional y evitar la saturación de procesos que pueden resolverse mediante acuerdos o mecanismos de conciliación.
Asimismo, comentó que el personal ha recibido capacitación para integrar adecuadamente los elementos probatorios que fortalezcan las denuncias y permitan agilizar su avance.
Añadió que la Secretaría también ha promovido acciones por la vía civil al amparo de la Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado.
Hasta el momento, han presentado seis procedimientos de este tipo con la finalidad de lograr la reparación de los daños ocasionados.
“Nosotros, más que la reparación del daño o un delito penal o imposición de una multa, lo que queremos es que se repare el daño y estamos ensayando recientemente en esta vía”, explicó.
Méndez López sostuvo que el objetivo central es garantizar el respeto al medio ambiente, hacer cumplir la ley y obligar a los infractores a reparar los daños ocasionados, en beneficio de la ecología y la conservación de los recursos naturales.
