STAFF/Marina Alejandra Martínez
Por la persistencia de posturas conservadoras y prejuicios dentro del Congreso local, no han prosperado leyes que garanticen una protección integral a la comunidad transexual, afirmó el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), Reyes Galindo Pedraza.
En conferencia de prensa, el legislador recibió la iniciativa ciudadana “Memoria y justicia para las personas de identidad trans”, impulsada por el colectivo Pride Michoacán, la cual propone tipificar el transfeminicidio y el transhomicidio en la entidad, estableciendo sanciones de 35 años de prisión como pena mínima.
La propuesta busca visibilizar los crímenes de odio contra esta población y establecer bases jurídicas sólidas para castigar con severidad estos delitos.
En ese sentido, Galindo Pedraza admitió que el Poder Legislativo ha estado integrado, durante años, por perfiles que han obstaculizado avances en la materia.
«Por demasiado tiempo este Congreso, por ciertos momentos muy mocho, todavía hay legisladoras y legisladores también con muchos prejuicios, han sido cómplices del silencio y han tolerado lo que debería ser intolerable, y no solamente vamos a ser solidarios para legislar por las que ya no están y cuyos nombres hoy recordamos con profundo respeto», afirmó.
El diputado puntualizó que la iniciativa contempla reformar el Código Penal para tipificar el transhomicidio y el transfeminicidio, estableciendo una pena mínima de 35 años de prisión cuando el crimen esté motivado por odio hacia la orientación o identidad de la víctima.
Por su parte, Victoria Cruz, representante de Pride Michoacán, señaló que en la entidad existen más de 140 mil personas que forman parte de la comunidad lésbico-gay, quienes requieren garantías plenas de derechos y protección institucional.
Asimismo, solicitó reformas al artículo 121 Bis del Código Penal para inhibir este tipo de delitos.
«Basta de ambigüedades, no somos una preferencia, somos una orientación y una identidad; la preferencia se elige y la identidad es lo que somos, y por lo que somos nos matan. Esta iniciativa busca que el odio tenga nombre y apellido, es por ello que vengo hoy a este recinto», expresó.
Cruz enfatizó que la exigencia no se limita a sanciones, sino a la construcción de justicia con perspectiva de género e identidad, así como a la implementación de protocolos de investigación incluyentes.
«Las personas trans somos humanas, sujetas a derecho y también dignas de protección, por ello solicitamos explícitamente que esta iniciativa sea turnada a las comisiones correspondientes», afirmó.
Además, advirtieron que la esperanza de vida de una persona trans en México es de aproximadamente 75 años, mientras que en Michoacán se reduce a 35 años, lo que evidencia la urgencia de reformas que garanticen condiciones de vida más justas.
