STAFF/ Marina Alejandra Martínez
El proceso penal contra Juan Carlos N, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, avanzará únicamente por abuso de autoridad, luego de que un juez federal determinara su vinculación a proceso por la agresión contra la periodista Dalia Villegas Moreno, ocurrida el 2 de noviembre en Palacio de Gobierno.
La resolución fue emitida a las 4:19 de la madrugada por el juez Miguel Ángel Henríquez Rodríguez, tras una audiencia inicial de más de 11 horas en el Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, dentro de la causa 501/2025.
A solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), se fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, que concluirá el 16 de junio.
Pese a que la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión impulsó la imputación también por intimidación y robo calificado grave, el órgano jurisdiccional rechazó ambos delitos, al considerar que no se acreditaban los elementos necesarios.
De igual forma, el juzgador desechó la petición de la defensa de la periodista para que el caso se analizara bajo perspectiva de género.
En su argumentación, el juez estableció que el delito de abuso de autoridad sí se configura, al identificar que la periodista fue objeto de violencia y vejaciones sin justificación legal, mientras realizaba labores informativas durante una intervención policial en el contexto de una protesta.
Además, indicó que existen datos suficientes para presumir la participación del exfuncionario en calidad de coautor, bajo un esquema de codominio del hecho delictivo, al actuar en conjunto con otros elementos de seguridad y no impedir la agresión, la cual fue considerada dolosa.
En cuanto al supuesto robo del teléfono celular, la defensa, encabezada por un exjuez, argumentó la ausencia de intención de apropiación.
El juez coincidió, al no encontrar evidencia de sustracción ni de propósito de retener el dispositivo o eliminar su contenido.
Asimismo, descartó el delito de intimidación al no acreditarse que la comunicadora estuviera recabando pruebas con la finalidad de denunciar conductas indebidas de los agentes involucrados.
Como parte de las medidas cautelares, se ordenó al imputado abstenerse de acercarse a la periodista.
Aunque podrá salir del país, deberá comparecer puntualmente ante la autoridad judicial, bajo apercibimiento de enfrentar prisión preventiva en caso de incumplimiento.
El avance del caso se centrará ahora en la integración de la investigación complementaria, etapa clave para determinar si el expediente será judicializado en juicio.
