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El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, aseguró que el ambientalista Roberto Chávez no contaba con medidas de protección, debido a que no existían reportes previos de amenazas ante autoridades estatales.
«El en lo particular, no tenemos conocimiento de el que tuviera amenazas, y no tenía medias cautelares en lo particular» expresó.
Asimismo aclaró que el diálogo no se mantenía directamente con el ambientalista, si no con el líder de ellos, sin mencionar su nombre.
En entrevista, el encargado de la política interna explicó que los mecanismos de protección para activistas se activan únicamente cuando existe una solicitud formal o notificación de riesgo, situación que —subrayó— no ocurrió en este caso.
Tras el homicidio, indicó que el gobierno estatal brindó acompañamiento a la familia del activista, incluyendo presencia de elementos de seguridad durante el funeral realizado la noche del lunes, ante el temor de posibles incidentes.
Zepeda Villaseñor agregó que existe comunicación permanente con colectivos ambientalistas, quienes informan a las autoridades cuando enfrentan amenazas, lo que permite implementar acciones preventivas.
Asimismo, reconoció que la zona donde ocurrieron los hechos presenta condiciones complejas por su geografía serrana y caminos de difícil acceso, por lo que se han reforzado los operativos de seguridad en la región.
Cabe recordar que el cuerpo de Roberto Chávez fue localizado el domingo en un camino rural de la comunidad de El Terrenate, en el municipio de Madero, con múltiples impactos de arma de fuego en el pecho.
Versiones contrastan con postura oficial
Sin embargo, versiones difundidas por medios locales y fuentes cercanas al activista refieren que Roberto Chávez sí habría recibido amenazas previas derivadas de su labor en defensa del medio ambiente, lo que abre cuestionamientos sobre la ausencia de medidas de protección.
Este contraste entre la postura oficial y los reportes extraoficiales coloca el caso en el centro del debate sobre los mecanismos de prevención y atención a defensores ambientales en Michoacán, particularmente en regiones con alta conflictividad social y ambiental.
