STAFF/Marina Alejandra Martínez
Ambientalistas y habitantes de al menos 10 comunidades del municipio de Villa Madero y Morelia amagaron con levantarse en armas ante la creciente violencia generada por los cárteles del narcotráfico y la falta de respuesta de las autoridades en materia de seguridad, informó el líder ambientalista Guillermo Saucedo.
La advertencia surge tras el asesinato de su compañero Roberto Chávez, hecho que detonó la exigencia urgente de protección para las comunidades afectadas.
En conferencia de prensa realizada en la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde se congregaron más de 10 ambientalistas y pobladores de Villa Madero, se exigió la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad.
De no obtener respuesta, emplazaron al titular del Ejecutivo estatal, Alfredo Ramírez Bedolla, a resolver la problemática en un plazo no mayor a 15 días o, de lo contrario, tomarán las armas para enfrentar a la delincuencia organizada.
Las comunidades involucradas se ubican al oriente de Villa Madero y también en la zona oriente de Morelia, entre ellas Loma de Sauz, Zangarro, Terranate, Barritas, La Reserva, Los Limoncitos, San José de las Sidras y Maravillas, entre otras.
Guillermo Saucedo calificó al gobierno estatal como indolente y denunció la ausencia total de vigilancia, al señalar que no cuentan con rondines de ninguna corporación de seguridad.
«No tenemos rondines aleatorios de disuasión de Policía, Guardia Nacional, Ejército, de nadie, estamos solos, estamos abandonados. Y quiero dejar bien en claro, no es una amenaza, es una advertencia al gobierno. Si el gobierno no se pone a trabajar y no hace las cosas, en vez del pueblo vamos a tener que tomar nosotros las riendas de nuestras comunidades, y si es armándonos, nos vamos a armar para cuidarnos y protegernos a nuestras familias», afirmó.
En el mismo contexto, Roberto Mendoza responsabilizó al mandatario estatal por cualquier agresión que puedan sufrir los ambientalistas y denunció presuntos vínculos entre delincuentes y mecanismos de protección institucional.
«Corremos el riesgo porque ellos nos tienen señalados, que nos van a matar uno por uno. Mi casa está toda baleada, también mi camioneta, me decomisaron mi rancho, me quitaron la casa, y es una preocupación tan grande que el gobernador sabe, pero no hace nada», lamentó.
Asimismo, cuestionó que presuntos criminales reciban protección dentro del protocolo de seguridad para víctimas, mientras continúan operando con libertad.
«Pero nosotros ya no nos podemos esconder, es vecino de la misma comunidad y es el que se conecta con sus jefes patrones. Nos han secuestrado compañeros y ya nos mataron a un compañero», denunció.
Finalmente, los activistas advirtieron que han notificado previamente al gobierno estatal para evitar que, en caso de tomar acciones por cuenta propia, sean criminalizados.
