Doble click: De cuando registré mi cel a nombre de Carlos Slim

Escribe: Vania Montes

Corría el año 2011. Yo era joven, rebelde y, siendo honestos, bastante ingenua. Desconfiaba de todo lo que viniera del gobierno, y particularmente de lo que impulsaba Felipe Calderón, así que cuando anunciaron que había que registrar los celulares, decidí “participar”, como siempre, a mi manera.

El trámite era ridículamente simple: bastaba con llamar, dar algunos datos y listo. Así que hice lo que cualquier muchacha con exceso de imaginación y poco respeto por la autoridad habría hecho: registré mi número a nombre de Carlos Slim. En mi cabeza, tenía sentido. Si alguien era dueño de todo en este país, obviamente debía ser él.

Y funcionó. Mi línea quedó oficialmente vinculada a una de las personas más ricas del mundo. Y como yo, pienso que miles hicieron lo mismo: usaron nombres falsos, datos inventados, registros simulados. Así nació, y colapsó, el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

El experimento fue un desastre: no redujo la extorsión, no desmanteló redes criminales y no devolvió la seguridad prometida. Lo que sí hizo fue más útil para el delito que para el Estado: creó un mercado negro de SIM registradas, incentivó el robo de celulares y terminó con una filtración masiva de datos personales circulando en internet.

Años después, el intento de repetir la fórmula mediante el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil fue frenado por la Suprema Corte por vulnerar derechos fundamentales. Así que parecía una lección aprendida, pero veo que no.

Hoy, bajo la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el registro obligatorio regresa. Con otro nombre, otro diseño y el mismo argumento: seguridad. La diferencia ahora es cómoda: ya no es el Estado quien concentra los datos, sino las empresas. Como si cambiar de manos resolviera el problema de fondo. Su lógica sigue intacta: identificar a todos para controlar mejor. Y sí, suena bien. Suena tan bien que casi nadie pregunta nada. Porque cuestionar la seguridad se ha vuelto políticamente incorrecto.

La premisa es tentadora: si cada número tiene dueño, será más fácil perseguir delitos. Pero hay un detalle incómodo: ya probamos esa idea y fracasó. El delito no necesita anonimato para existir. Necesita impunidad. Y eso no se resuelve con bases de datos.

La evidencia, en México y fuera de él, apunta a lo mismo: los delincuentes no desaparecen cuando se les identifica; simplemente cambian de método. El crimen evoluciona, pero la política pública no siempre.

Pero lo verdaderamente preocupante no es la medida en sí, es la facilidad con la que la aceptamos. Hace algunos años esto habría generado indignación. Hoy genera filas en centros de atención.

Normalizamos entregar datos personales y vincular nuestra identidad a todo bajo una promesa que rara vez se cumple de mayor seguridad.

Y así, casi sin notarlo, vamos cediendo: primero el número, luego la ubicación. Después, lo que siga.

Ya no será posible registrar una línea a nombre de “Carlos Slim” y seguir adelante. El sistema es más riguroso y cumplir no es opcional: quien no se registre, pierde la línea, así que la decisión ya está tomada. Pero lo que sigue en discusión es mucho más importante, porque esto nunca se trató solo de un número telefónico; se trata de qué estamos dispuestos a entregar para sentirnos más seguros. Y sobre todo, de qué tan dispuestos estamos a dejar de cuestionarlo.

«La libertad nos fue dada junto con la vida, y de ambos dones del cielo el inferior es la vida. Y a esa creencia me atengo por completo: solo merece la libertad como su vida quien diariamente las conquiste”. Goethe

Vania Montes es abogada de profesión, docente por vocación, escritora del no por convicción y adoradora del rock argentino por inspiración.