STAFF/Marina Alejandra Martínez
En la nación, el 93 por ciento de los delitos no se denuncian, situación que incrementa de manera significativa los niveles de impunidad, de acuerdo con la organización México Evalúa.
El análisis también subraya que el 63 por ciento de las personas afectadas decide no denunciar por razones asociadas directamente al desempeño de las instituciones encargadas de impartir justicia y porque tienen que destinar más de 4 horas en la realización del trámite.
En términos globales, la impunidad es definida como la ausencia de responsabilidad penal, civil, administrativa o disciplinaria para quienes cometen violaciones a derechos humanos, además de la falta de investigación, procesamiento, juicio y sanción de los responsables.
En el plano estatal, el informe indica que Michoacán presenta un 67.68 por ciento de impunidad con datos de 2024, posicionándose entre las entidades con menor incidencia.
En contraste, Jalisco registra niveles que prácticamente alcanzan el 100 por ciento.
El estudio detalla que existe una fractura en el flujo procesal, mientras las corporaciones policiales reciben 8.8 millones de reportes, las fiscalías estatales solo contabilizan 2.15 millones de denuncias.
Ante esta brecha, se propone dar reconocimiento formal a los reportes policiales como inicio del proceso penal.
Una vez iniciadas las carpetas, el sistema enfrenta un rezago considerable.
Solo el 6.28 por ciento de los casos logra avanzar hasta un juez, lo que evidencia un cuello de botella institucional.
Este atraso se ha duplicado desde 2019, acumulando 2.6 millones de expedientes pendientes.
La organización considera que revertir este panorama es viable si se consolidan estrategias como la coordinación efectiva entre policías y fiscalías, una gestión enfocada en resultados y el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias.
Entre las acciones propuestas destacan: facilitar la denuncia con menos trámites y más canales de atención; fortalecer la investigación mediante integración de datos; reducir el rezago con objetivos claros de judicialización; y promover acuerdos rápidos que permitan reparar el daño, en favor de una justicia funcional y colectiva.
