STAFF/ Marina Alejandra Martínez
Tras una álgida sesión, la 76 Legislatura aprobó la desincorporación de 38 inmuebles en favor del Gobierno del Estado, decisión que provocó una discusión de más de tres horas entre los legisladores.
Fue hasta pasadas las tres de la tarde cuando se abordó el punto 47 relativo a la desincorporación de los bienes e inmuebles propiedad de todos los michoacanos.
El dictamen se avaló con 29 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones. La aplanadora guinda logró su aprobación, salvo los morenistas Itzé Camacho Zapiain, Juan Carlos Barragán Vélez y Sandra Olimpia Garibay, quienes votaron en contra.
También rechazaron la propuesta los emecistas, el priista y los panistas. Durante la sesión se registró una pequeña manifestación con pancartas, encabezada por la morenista detractora Ana Lilia Guillén, quien exigía que no se vendiera la patria.
En tribuna, Gulianna Bugarini Torres defendió el dictamen al asegurar que incluye un apartado donde se establece que no podrán donarse los inmuebles a particulares, familiares o terceros involucrados.
“Les guste o no, síganse incomodando; nosotros no vendemos la patria”, expresó.
En contraste, la morenista Itzé Camacho Zapiain sostuvo que varios predios ya tienen propietario y que muchos estarían destinados a empresarios y políticos de renombre. No descartó que en el futuro se instalen bares, restaurantes o cafés.
El diputado Juan Carlos Barragán Vélez señaló que no existe claridad sobre el destino, condiciones, fines ni mecanismos de seguimiento de los inmuebles, los cuales —afirmó— tienen valor por debajo del real y ubicación estratégica. La panista Vanessa Caratachea lamentó que el acuerdo se aprobara fast track y sin cuestionamientos al Ejecutivo.
Grecia Aguilar advirtió que el Congreso se ha convertido en ventanilla de trámite del Ejecutivo y denunció que los inmuebles se venderían con descuentos de hasta 60 por ciento por debajo de su valor real.
Como ejemplo, mencionó un predio en Zitácuaro que se pretende enajenar en 19 millones de pesos cuando, dijo, su valor real asciende a 40 millones.
En defensa del decreto. Melba Edeyanira Albavera Padilla presentó la enajenación como un acto de justicia para el Estado y pidió a los michoacanos tener confianza.
Finalmente, Sandra Arreola, coordinadora de la bancada ecologista, propuso una adición a los artículos primero y segundo para impedir que los predios sean donados a particulares.
