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En el marco de su política de austeridad, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una iniciativa de reforma enfocada en eliminar los privilegios vinculados a pensiones millonarias que actualmente reciben exfuncionarios de confianza de distintas instituciones federales.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la propuesta pretende cerrar esquemas de jubilación que permiten pagos incluso por encima de lo que percibe la titular del Ejecutivo federal.
Para la elaboración del proyecto participa la consejera jurídica Estela Damián, quien detalló que la iniciativa plantea que las pensiones de altos mandos no podrán rebasar el 50% del salario presidencial, salvo en los casos establecidos en condiciones generales de trabajo.
En la presentación también intervino la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, quien expuso cifras sobre el impacto presupuestal de estos esquemas en diversas dependencias.
Uno de los casos señalados fue el de Petróleos Mexicanos, donde se contabilizan más de 22 mil jubilados bajo este régimen, con un costo anual que supera los 24 mil millones de pesos. De ese total, cientos reciben montos mayores al ingreso presidencial y otros miles rebasan los tabuladores internos.
Situación similar se reporta en la Comisión Federal de Electricidad, que concentra más de 54 mil pensionados, generando un gasto cercano a los 41 mil millones de pesos anuales, con miles de casos por encima de los límites establecidos en sistemas públicos de retiro.
El diagnóstico incluye también a Nacional Financiera, donde se identificó un padrón de mil 449 jubilados con un costo superior a los 600 millones de pesos al año, incluyendo pensiones que exceden percepciones del Ejecutivo.
Sheinbaum subrayó que el objetivo central de la reforma es terminar con los privilegios heredados, sanear el gasto público y redirigir esos recursos a programas sociales del Bienestar.
