STAFF/ @michangoonga
Al extitular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán en tiempos de Silvano Aureoles, José Antonio Bernal Bustamante, continuará bailando el rock de la cárcel después de que una secretaria en funciones de magistrada le ha negado un amparo contra la prisión preventiva justificada que se le impuso por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.
Bernal Bustamante está señalado de un presunto quebranto patrimonial de aproximadamente 3 mil 412 millones de pesos, relacionado con contratos irregulares para el arrendamiento y construcción de cuarteles de la Guardia Civil que, según las actuales autoridades, no estaban construidos al momento de la contratación.
El exfuncionario silvanista fue arrestado a principios de marzo de 2025 por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en base a investigaciones que lo relacionan junto a Aureoles Conejo y otros ex funcionarios de la entidad, de haber participado en el citado desfalco.
Virginia Jácome Planté, secretaria en funciones de magistrada instructora del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia Penal, señaló que los argumentos vertidos por la defensa del ex funcionario para enfrentar el proceso en libertad resultan infundados, lo que conduce a negar la protección de la justicia federal.
Dentro de la negativa se señala que la pena máxima a imponer por los delitos por los cuales se persigue al quejoso no fue la única razón para justificar la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
La juzgadora también determinó que no hay certeza de que Bernal Bustamante cuente con un domicilio fijo donde pueda ser localizado en cualquier momento, además de que tampoco es posible establecer que tiene arraigo domiciliario con motivo de su residencia habitual o por el asiento de su familia y la consecuencia de ello es que no está garantizada su comparecencia en el proceso, razón por la cual se actualiza el peligro de sustracción de la justicia.
La FGR ha sostenido en audiencias previas, que el exfuncionario michoacano se le ha formulado imputación por cuatro diversos delitos, los cuales tienen penas de prisión altas, entre ellos el de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.
