STAFF/Marina Alejandra Martínez
La atención a los jornaleros agrícolas constituye una deuda del Estado, pues se trata del sector “jodido entre los jodidos”, afirmó Pedro Fernández Carapia, representante de Fuerza Migrante.
Durante la presentación del libro “Jornaleros agrícolas migrantes y pequeños productores hacia la defensa de los derechos humanos en las comunidades rurales”, realizada en el salón de recepciones del Parlamento michoacano, el activista subrayó la urgencia de que el Estado asuma su responsabilidad estructural con este sector.
El evento se llevó a cabo ante diputados locales y el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Josué Mejía, donde se insistió en que el abandono institucional no es circunstancial, sino sistemático.
Fernández Carapia precisó que a nivel nacional existen alrededor de tres millones de jornaleros agrícolas, de los cuales 200 mil laboran en Michoacán, distribuidos en las cinco regiones del Estado.
“Son los pobres entre los pobres, son los jodidos entre los jodidos. En comparación con quienes tenemos experiencia como trabajadores migrantes indocumentados, aquello es un día de campo en comparación con las condiciones en que trabajan y viven los jornaleros agrícolas, y esa es una cuestión estructural que, después de tantos años que está sucediendo, no es accidental; alguien se está enriqueciendo con su pobreza”, afirmó.
Por ello, tanto legisladores locales como defensores de los derechos humanos y representantes de jornaleros agrícolas migrantes coincidieron en que saldar esta omisión es una obligación pendiente del Estado frente a uno de los sectores más olvidados.
