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El Congreso de México aprobó una reforma que prohíbe la producción, importación y venta de vapeadores, imponiendo multas y penas de hasta ocho años de prisión.
La modificación a la Ley General de Salud, avalada en la Cámara de Diputados este 11 de diciembre, establece sanciones penales para quienes fabriquen, comercialicen, distribuyan, importen o publiciten cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares. Las multas podrán superar los 200 mil pesos, mientras que las penas de cárcel irán de uno a ocho años, dependiendo de la gravedad y escala de la actividad.
En la presentación del dictamen, el morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara afirmó que el consumo de vapeadores está creciendo entre adolescentes y advirtió que, de presentarse daños asociados al vapeo, la presión económica para el sistema público de salud podría traducirse en miles de millones de pesos que dejarían de destinarse a otros servicios esenciales.
“Si estas personas usuarias requieren atención por daños asociados al vapeo, la presión financiera sobre el sistema público se traducirá en miles de millones de pesos que dejarían de destinarse a prevención y atención de otros padecimientos”, expuso.
Las autoridades federales argumentaron que la medida busca frenar el uso de vapeadores entre adolescentes, al señalar que representan un riesgo para la salud pública. Sin embargo, legisladores de oposición criticaron la reforma por considerarla excesiva y por advertir que podría incentivar mercados clandestinos.
“Están firmando un cheque en blanco para que el crimen envenene a nuestra juventud y, lejos de proteger la salud, la van a agravar, porque la gente seguirá buscando estos productos, pero ahora en el sótano del narcomenudeo, sin saber qué se están metiendo al cuerpo”, señaló la panista Gina Campuzano González.
El dirigente legislativo Ricardo Monreal Ávila aclaró que las sanciones no aplicarán para consumidores, sino exclusivamente para quienes participen en la cadena de producción y comercio, con el objetivo de evitar criminalizar a usuarios.
La reforma continuará su proceso en el Senado antes de publicarse en el Diario Oficial de la Federación, paso necesario para su entrada en vigor.
