
STAFF/ Marina Alejandra Martínez
La diputada Vanessa Caratachea Sánchez, del Partido Acción Nacional (PAN), reiteró su exhorto a la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado para acelerar el dictamen sobre el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, al advertir que el retraso legislativo impide reconocer un fenómeno cuya existencia, dijo, ya marca la realidad de miles de menores.
La legisladora cuestionó la falta de maestros, el rezago educativo, la limitada capacidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la ausencia de avances en la creación del Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo presupuesto —enfatizó— sigue sin transparentarse.
También alertó sobre el funcionamiento de distintos centros de rehabilitación que operan sin regulación y donde se han identificado casos de jóvenes posteriormente captados por estructuras criminales.
Caratachea recriminó la falta de supervisión por parte de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), al urgir la revisión de permisos, programas y protocolos que garanticen espacios seguros.

Además, señaló que «desde abril se han presentado diversas iniciativas impulsadas por legisladores de distintos partidos, ninguna de las cuales ha avanzado».
Explicó que el Código Penal del Estado no contempla el delito de reclutamiento forzado, lo que deriva en el uso de tipos penales que no reflejan la gravedad de la problemática, especialmente en contextos vinculados al crimen organizado.
Caratachea afirmó que mientras no exista una figura penal específica, será imposible sancionar adecuadamente a quienes incurran en esta práctica.
Recordó que incluso UNICEF ha solicitado al Estado mexicano el reconocimiento formal de esta forma de violencia contra la niñez.
Al criticar las omisiones del Estado en políticas públicas de prevención, la diputada insistió en que tipificar el delito no bastará sin una estrategia integral.
Cuestionó las deficiencias del Plan Michoacán, al que acusó de carecer de diagnóstico y de no incorporar la perspectiva de infancia.
“No podemos cerrar los ojos, es una problemática real en Michoacán y en México. Las niñas, niños y adolescentes están siendo reclutados por el crimen organizado”, sostuvo.
