STAFF/ Marina Alejandra Martínez
La paralización en la denuncia presentada por la periodista del medio Quadratín Michoacán, Dalia Villegas Moreno contra el exsecretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, se ha profundizado debido a la negativa del Gobierno del Estado para entregar los videos grabados al interior del Palacio de Gobierno.
La ausencia de material, mantiene detenida la carpeta de investigación.
La periodista recordó que la retención y presunta eliminación del material videográfico se justificó bajo el argumento institucional de que “se borran con el tiempo”.
Sobre ello, recalcó que existen técnicas de recuperación, respaldos de seguridad y procesos de cadena de custodia que cualquier autoridad está obligada a garantizar.
Agregó que esta falta de evidencia ha frenado por completo la solicitud de audiencia judicial, pues la carpeta depende de ese material para avanzar hacia la determinación de responsabilidades.
Consideró desconcertante que el Ministerio Público Federal no haya solicitado ya una orden de cateo, pese a la gravedad de los hechos y al riesgo evidente de pérdida total.
“Esta omisión institucional es particularmente preocupante, porque retrasa el proceso y alimenta la percepción de que no se está actuando con la urgencia que exige un ataque a la libertad de expresión”, consideró.
Por ello, demandó que se garantice el acceso a la justicia mediante la entrega inmediata de los videos, la adopción de medidas de recuperación de evidencia y el avance hacia la audiencia judicial correspondiente.
La periodista subrayó que, tras la difusión del caso, ninguna institución del Estado ni órganos autónomos emitieron posicionamiento.
Señaló que este silencio público normaliza la ilegalidad, desdibuja el Estado de derecho y vulnera un derecho esencial para la vida democrática.
Afirmó que este contexto demuestra la falta de claridad sobre el papel central del periodismo en una sociedad libre.
Recordó que el 3 de noviembre presentó su denuncia ante dos instancias federales, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la FGR.
La acusación fue dirigida contra Oseguera Cortés y quienes resulten responsables, por violaciones a la libertad de expresión y delitos derivados.
Los hechos investigados ocurrieron cuando el entonces secretario la agredió físicamente, le arrebató su teléfono celular, la mantuvo privada de su libertad durante 20 minutos y le exigió borrar su material periodístico.
Esto, enfatizó, forma parte de una investigación federal avanzada, con múltiples diligencias realizadas, pero incompleta por la falta de los videos retenidos por el Gobierno estatal.
La periodista lamentó que la carpeta está integrada en sus elementos principales, pero estancada por la ausencia del soporte videográfico.
“Los hechos no requieren dramatización son graves por su naturaleza jurídica. El arrebato violento de un instrumento de trabajo periodístico, el sometimiento físico por parte de elementos uniformados, la restricción de movimiento y la imposibilidad de documentar un hecho de interés público constituyen posibles delitos como abuso de autoridad, ejercicio indebido de funciones, apoderamiento indebido de bienes y, especialmente, impedimento directo al ejercicio de la libertad de expresión. Además, se rompieron obligaciones del Estado mexicano contenidas en instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, que exigen proteger y no agredir a la prensa», señaló.
Finalmente, reiteró que lo que exige es simple, que se cumpla la ley.
“No pedimos privilegios ni tratos especiales. Exigimos que se respete la libertad de expresión y que se actúe con la seriedad que demanda una agresión institucional contra el periodismo. La defensa de este derecho no es un asunto personal, es un asunto de democracia”, indicó.
